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LEGISLATIVO, NACIONAL

Negligencia en el Senado impide nombrar nuevo Fiscal Anticorrupción: Comité Ciudadano

Publicado: 13 julio, 2017 a las 9:11 AM   /   por   /   comentarios (0)
CIUDAD DE MÉXICO , 13 de julio de 2017.- El Senado de la República incumplió su obligación constitucional de nombrar al nuevo Fiscal Anticorrupción, pendiente desde noviembre de 2014 y está en riesgo la legislación penal anticorrupción por la demora y la negligencia legislativa, por lo que casos como el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, podrían procesarse con anteriores leyes que implican menores penas, denunciaron  los miembros del Comité de Acompañamiento Ciudadano.
 
En un comunicado, recordaron que el proceso de nombramiento inició como producto de la reforma político-electoral (10 de febrero de 2014). En aquella ocasión, el Senado publicó una convocatoria y citó a comparecencias a 33 aspirantes al cargo. En octubre de 2016 se dio por concluido aquel proceso ante la falta de consensos necesarios y se convocó a un nuevo proceso de designación. El Comité de Acompañamiento Ciudadano (CAC) se incorporó al proceso cuando las comisiones unidas de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana convocaron en octubre de 2016 a las comparecencias de los aspirantes para la Fiscalía Anticorrupción.
 
Después de haberse celebrado las comparecencias, el Comité entregó su recomendación el 20 de marzo con cuatro perfiles para ocupar el cargo y consecutivamente entregó la base de datos con las evaluaciones individuales de los participantes al Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Un día después, las comisiones unidas entregaron el expediente de los 23 aspirantes junto con la recomendación del CAC a la Jucopo, sin embrgo no se elaboró un acuerdo ni se presentó ante el pleno del Senado. Restaba al CAC, de acuerdo con las reglas establecidas por el propio Senado, solamente elaborar un informe final, una vez que el Fiscal Anticorrupción fuera formalmente designado.
 
En un comunicado, los integrantes del CAC  recordaron que se reunieron en dos ocasiones con el presidente de la Jucopo para destacar la relevancia y urgencia del nombramiento. En la última ocasión (17 de abril), entregaron un comunicado en el cual se apremiaba a que ese órgano legislativo diera certeza y procediera al nombramiento del Fiscal Anticorrupción dando puntual explicación pública de los plazos, los procedimientos y los criterios de selección.No obstante, la Jucopo mantuvo oculto el proceso, sin mediar explicaciones claras sobre su demora. La discusión sobre su designación simplemente se diluyó ante la negligencia y los intereses políticos de todos los frentes.
 
Además no habría periodo extraordinario para nombrar al Fiscal Anticorrupción porque las elecciones y las tácticas poselectorales resultan más importantes para los partidos que cumplir con sus obligaciones de ley. El Senado dejó vacante un cargo fundamental para desahogar múltiples expedientes de casos de corrupción y para el funcionamiento integral del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
 
El mayor problema es que la legislación penal anticorrupción sólo entra en vigor una vez designado el Fiscal, según el transitorio primero del Decreto que reforma el Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial el 18 de julio de 2016. Ello significa que todos los casos de malversación de fondos públicos, peculado o tráfico de influencias, que actualmente se procesan, como el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se llevarán a cabo con la legislación anterior y con una tipología de delitos penales desactualizada. Esto implica también que no entrarán en vigor las nuevas penas para este tipo de delitos, las cuales son más altas. Asimismo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ha argumentado que no puede pronunciarse sobre la apertura y desclasificación de información relativa a hechos de corrupción dado que el Fiscal no ha sido nombrado y el Código Penal Federal no es vigente en la materia.
 
Uno de los argumentos de quienes han bloqueado el nombramiento del Fiscal Anticorrupción es que previamente debe eliminarse el “pase automático” del actual Procurador General de la República a Fiscal General. Otro argumento es que de nada sirve nombrar al Fiscal Anticorrupción porque apenas estará en el cargo menos de dos años, o bien, porque carece de autonomía plena. Ninguno de estos argumentos puede justificar que el Senado incumpla su mandato y, así, se impida que entren en vigor nuevos tipos penales para castigar con mayor severidad y eficacia a los corruptos y dar mayor certeza a los mexicanos.
 
Que el Senado abdique a su responsabilidad y obligación constitucional de nombrar al titular de la Fiscalía Anticorrupción significa en los hechos el menosprecio por el funcionamiento del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y la falta de interés de este órgano legislativo por contribuir a la legitimidad y eficacia de una política pública fundamental para el país. Este Comité lamenta profundamente la falta de profesionalismo y compromiso de los senadores.
 
“Dados los hechos consumados, damos por concluida la misión de este Comité. Es nuestra opinión que el proceso ha sido inefectivo y se han omitido obligaciones de ley. Estamos, como ya lo habíamos anunciado, ante una omisión gravísima que mella la legitimidad y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción”, agregaron en el comunicado los Silvia Inclán Oseguera, Ricardo Jiménez González,  Issa Luna Pla, Fernando Nieto Morales, Cristina Puga Espinosa, Juan Carlos Sánchez Magallán y Luis Carlos Ugalde. 

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