Respecto a transparencia judicial, un tema crucial y paradigmático por ser la primera vez que el Comité de CEDAW lo vincula con el acceso a la justicia de las mujeres, la respuesta del Estado mexicano dejó mucho que desear, informó SEM México, el servicio especial de la mujer.
En un comunicado de prensa la organización señala que el gobierno evadió contestar si la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 2015 (LGTAIP) representó un retroceso legislativo en la publicación de sentencias y simplemente entrega información sobre las sentencias publicadas por la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal. Con esta respuesta omite mencionar la situación que se vive en los 32 Poderes Judiciales locales.
“Esto resulta preocupante ya que de acuerdo a diversas investigaciones de EQUIS Justicia para las Mujeres, actualmente en 10 entidades no se ha publicado en el Portal Nacional de Transparencia, una sola sentencia en los dos últimos años”.
Respecto a la capacitación en el Poder Judicial, si bien el Comité de CEDAW solicitó información sobre los indicadores para medir el progreso y efectividad, el Estado mexicano sólo se limita a contestar de manera vaga, señalando que se ha “ampliado significativamente”.
Esto adquiere mayor gravedad, cuando investigaciones realizadas por esta organización muestran que de 2008 a 2017 los Poderes Judiciales locales han utilizado más 596 millones de pesos en capacitaciones relacionadas con perspectiva de género y derechos humanos, pero no hay forma de evaluar su calidad y efectividad debido al poco acceso que hay a las sentencias. En las pocas sentencias que sí son públicas, la mejora que deberían traer estas capacitaciones, no es evidente.
A la pregunta sobre la existencia de mecanismos para identificar prácticas y argumentos discriminatorios en la impartición de justicia y en las sentencias, el Estado no señala ningún mecanismo. EQUIS Justicia ha documentado una serie de casos en las que personas juzgadoras vierten prejuicios y estereotipos, dando lugar a sentencias discriminatorias que obstaculizan el acceso a la justicia para las mujeres.
Finalmente, en lo que se refiere al tema de mujeres privadas de la libertad, el Comité cuestionó al Estado sobre las medidas para garantizar que las mujeres detenidas tengan un trato adecuado y atención médica, si existen medidas alternativas a prisión, y el propio Comité de CEDAW manifestó su preocupación por el aumento masivo de encarcelamiento de mujeres por delitos contra la salud.
El Estado sólo señala la creación de un nuevo penal (Cefereso 16) que asegura que tiene un “modelo innovador”. Señala que está “analizando” las medidas alternativas y omite hacer algún pronunciamiento ante el aumento de encarcelamiento de mujeres por delitos relacionados con drogas.
“En este sentido nos resulta preocupante que no se brinde información sobre la situación que viven mujeres privadas de la libertad en otros centros, dejando entrever el abandono que viven las mujeres en los demás Centros Penitenciarios del país. Asimismo, en el mismo Cefereso 16 como en otras prisiones hemos documentado violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad, como documentó EQUIS e informó al Comité de CEDAW”.
El próximo mes de julio el gobierno mexicano deberá discutir estas respuestas ante el Comité de CEDAW en la reunión que se llevará a cabo en Ginebra, Suiza.
REDACCIÓN SEMLAC México/gr/sj
