PLAYA DEL CARMEN.— A finales de julio, la empresa Promotora de Reordenamiento Urbano S.A. de C.V., anunció el arranque de la instalación de parquímetros en Playa del Carmen desde la avenida Aviación a la avenida 48 y de la zona federal hasta la avenida 35.
Diego Grácidas Martínez, representante de la firma, dijo que serán cinco mil 200 equipos que estarán distribuidos en esa zona, y que comenzarían a funcionar a partir de octubre.
El tema de la instalación de parquímetros generó inconformidad de comerciantes y ciudadanos de Playa del Carmen. En los últimos días han manifestado su rechazo a la operación de los aparatos en el primer cuadro de la ciudad.
Al respecto, la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, señala que la decisión de esta concesión es la administración pasada, encabezada por la ex munícipe, Cristina Torres Gómez, quien, en 2016, ganó la presidencia del municipio, apoyada por la coalición UNE conformada por los partidos PAN y PRD.
Durante su administración, Cristina Torres Gómez aprobó, en sesión de Cabildo, concesionar las calles para la instalación de parquímetros, documento que fue ratificado por la XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo en diciembre del 2018, cuando era el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcilla.
Más tarde, el documento que ratifica el Título-Concesión para “La Explotación, USO y Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público del Municipio de Solidaridad para la Instalación, Puesta en Marcha y Operación del Sistema Integral de Movilidad”, a favor de la empresa “Promotora de Reordenamiento Urbano S.A. de C.V.”, fue firmada por la presidenta municipal, Samaria Angulo Sala.
Los zares gasolineros, detrás de la Promotora de Reordenamiento Urbano SA de CV
De acuerdo con la investigación del Sol de Quintana Roo, detrás de la imposición de los parquímetros hay una mafia empresarial encabezada por los socios del zar gasolinero, Ricardo Antonio Vega Serrador, y también prestanombres de los ex gobernadores Roberto Borge Angulo, preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos, Félix González Canto.
Anuar Fayad Hassan, representante legal de CorpoGAS cuya razón social es “Sistema Inteligente de Administración del Sureste” S.A. de C.V., y de la cual también Santiago Samuel Jiménez Moreno, es director de expansión de la empresa que controla la distribución de gasolina en el sureste del país.
Anuar Fayad Hassan y Santiago Samuel Jiménez Moreno figuran como los apoderados legales de la empresa Promotora de Reordenamiento Urbano S.A. de C.V. empresa que obtuvo la concesión para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio público del municipio de Solidaridad, es decir para la instalación, puesta en marcha y operación de parquímetros y bicicletas compartidas, con vigencia de 15 años.
El contrato que les fue otorgado contempla un sistema de estacionamientos públicos operados por parquímetros, bicicletas compartidas, operación de tarjetas de prepago para los sistemas de movilidad que se integren y publicidad accesorio a la operación de parquímetros y al sistema de bicicletas compartidas.
Con la información disponible en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, según documentos complementarios al acta constitutiva de la empresa, con folio mercantil electrónico N-20180071438, con fecha 11 de febrero de 2019 y ante Notario Público 14 de la Ciudad de México, tanto Anuar Fayad Hassan como Santiago Samuel Jiménez Moreno fueron designados como los apoderados legales de Promotora de Reordenamiento Urbano S.A. de C.V.
El convenio denominado “La Explotación, USO y Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público del Municipio de Solidaridad para la Instalación, Puesta en Marcha y Operación del Sistema Integral de Movilidad”, número HAS/OM/CON/LRP/001/2018, autoriza a la empresa “Promotora de Reordenamiento Urbano S.A. de C.V.” la instalación de 197 parquímetros y estaciones con 400 bicicletas, bajo el supuesto de mejorar la movilidad en primer cuadro de la cabecera municipal de Solidaridad, según Diego Gracidas, representante de la empresa “Promotora de Ordenamiento Urbano SA de CV”.
Sin embargo, en este momento el convenio de concesión autoriza la instalación de 5 mil 300 parquímetros en Solidaridad y 500 bicicletas que ya son alquiladas.
Se informó que se trata de un sistema automatizado de parquímetros que controlará 12 cajones, que serán 5,336 en total y que se podrán pagar con tarjeta de prepago o a través de una app llamada Mueve Ciudad.
Se supo también que de las ganancias, el 25% serán para el ayuntamiento, mientras que el 75% serán para la empresa con la etiqueta “gastos de operación y mantenimiento”.
Ya en 2013, una situación parecida se había presentado en la Ciudad de México, cuando el gobierno de la CDMX le otorgó permisos a una empresa sin experiencia en el tema de los parquímetros, Operadora de Estacionamientos Bicentenario (OEB), para manejar 721 cajones de estacionamiento en los polígonos Polanco-Anzures, Lomas-Virreyes y Roma-Hipódromo-Condesa, un negocio por el cual facturaban 190 millones de pesos al año y solo el 30% de lo recaudado era para la CDMX.
De acuerdo con la investigación de El Universal, la empresa OEB, fue creada en 2010 y según su acta constitutiva fue conformada con 50 mil acciones con valor de un peso cada una, que están divididas entre dos propietarios: Juan Carlos Niembro Núñez Y Abel Mier Valcarcel. El primero de ellos, además de ser director general de OEB, también era un zar gasolinero, pues se desempeñaba como director comercial de CorpoGAS.
La publicación de El Universal recalca que de 2003 a 2008, CorpoGAS fue reconocido como el grupo con más ventas de combustible a nivel nacional.
El 6 de febrero de 2019, el Sol de México denunciaba que la Operadora de Integración Urbana, una de las seis permisionarias que explotan locales comerciales en bajo puentes vehiculares de la Ciudad de México, también está vinculada al gigante que domina la venta de gasolina en el país: Corpogas. Su representante legal, César Antonio Oyarvide Escotto, ha ostentado el mismo u otros cargos en empresas vinculadas a Corpogas o a su líder principal, el empresario Ricardo Antonio Vega Serrador, investigado por la Fiscalía General de la República.
Entre el 15 de enero de 2010 y el 8 de septiembre de 2014, la Oficialía Mayor de la Ciudad de México entregó 38 Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR) a seis empresas para la explotación, uso y aprovechamiento de locales comerciales ubicados en los bajo puentes de Circuito Interior y otras avenidas. De entre ellas, la más beneficiada es Operadora de Integración Urbana la más beneficiada, con 19.
Su vínculo con empresarios gasolineros radica en que esta empresa y Corpogas –que opera gasolinearías en siete estados, incluyendo 10 alcaldías de la Ciudad de México- comparten oficinas en Río Nilo 90, colonia Cuauhtémoc.
Pero no sólo eso, ya que quien firmó los PATR como representante legal es Oyarvide Escotto, vinculado al líder principal de Corpogas, el empresario Vega Serrador, investigado por la Fiscalía por lavado de dinero en Quintana Roo.
Por ejemplo, el acta constitutiva de Caveri Servicios Inmobiliarios S.A. de C.V. tiene como principal accionista a Ricardo Antonio Vega Serrador y luego a Anuar Hassan Fayad. En ese mismo documento del registro Público de Comercio fechado en 2010 aparece César Antonio Oyarvide Escotto como comisario o consejo de vigilancia.
Parquímetros en Naucalpan
De acuerdo con El Universal, la empresa Operadora de Estacionamientos Bicentenario (OEB) comenzó a operar en 2017, en Satélite, la Florida, Tecamachalco y en las inmediaciones del Palacio Municipal. La instalación de las máquinas de la OEB fue avalada por la administración pasada, a cargo de Edgar Olvera Higuera.
Se supone que de los recursos recabados, el 40% se destinaba al municipio y el 60% iba para la empresa concesionada de ParqNau —el programa de parquímetros—. De acuerdo con ParqNau, del 18 de septiembre al 31 de diciembre de 2017 se logró la recaudación de ocho millones 629 mil pesos.
Sin embargo, para el corte de 2018, aunque el gobierno de Patricia Durán ha estimado una recaudación de 30 millones de pesos, estos recursos no se emplearon en obras públicas y se desconoce en qué se invirtió.
Afectaciones para comerciantes y vecinos
Canaco
En los últimos días, Integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Playa del Carmen realizaron marchas y antepusieron un amparo contra la medida la que aseguran afectaría aún más la economía familiar, sobre todo en una época considerada como temporada baja en el destino turístico.
El presidente del organismo, José Luis Hernández Barragán, dio a conocer que ya fue admitido el amparo que comprende la carpeta 1254/2019, en el juzgado octavo del distrito.
El dirigente informó, que son más de 3 mil personas las afectadas por este proyecto de movilidad, por lo que comenzaron con la campaña “No a los parquímetros”.
Puntualizó que el amparo que sustenta, en ningún momento se llevó a cabo una consulta pública del proyecto que afecta a los ciudadanos.
El dirigente del organismo en compañía del ex presidente municipal, Marciano Toledo, dieron a conocer que en términos del artículo 115 constitucional le corresponde a gobierno municipal actual dar una solución o bien revocar la concesión de los parquímetros.
CCERM
De acuerdo con Turquesa NEWS, Lenin Amaro Betancourt, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCERM), informó que el Juzgado Quinto de Quintana Roo admitió el amparo promovido contra la concesión otorgada por el Ayuntamiento de Solidaridad para “La Instalación, Puesta en Marcha y Operación del Sistema de Movilidad Integral”, a favor de la persona moral “Promotora de Reordenamiento Urbano, S.A. de C.V.”, por un plazo de 15 años.
El presidente del CCERM indicó que ya solicitaron los informes respectivos ,a las autoridades responsables, sobre el proceso de licitación, así como las justificantes para aplicar la con concesión de la vía pública.
Esto debido a que en el proceso de concesión no hubo estudios ambientales ni de viabilidad que avalen la privatización de la vía pública. No se llevó a cabo una consulta pública ni se encontraron documentos que avalen el debido proceso para ganar una licitación.
“Detectamos en el otorgamiento de la licitación violación a los derechos humanos, sobre todo al debido proceso porque la sesión de Cabildo del 2017 no fue publicada en el Diario Oficial, y no se hizo la consulta pública de parte del gobierno (…) Hubo una supuesta licitación en el 2018 que fue numerada como la 001 de la administración 2016-2018, pero se hizo una búsqueda en transparencias y no se encontró nada de ese concurso”, dijo.
Sin embrago, Amaro Betancourt externó la confianza que tiene en el Consejo de Judicatura Federal y espera que falle en su favor e instruya la suspensión temporal, en un primer término y posteriormente la suspensión definitiva de los parquímetros.
Betancourt afirma que la decisión de interponer un amparo fue resultado de un análisis profundo en el que queda de manifiesto que los parquímetros generarán impacto negativo a la población en general, además de que no representan una solución al tema de movilidad al ser “un modelo fallido”.
Ciudadanos
Entre los principales reclamos de los ciudadanos está el rechazo a la colocación de las máquinas en colonias populares, debido a la afectación que traerá a la economía familiar pagar por estacionarse en el centro de la ciudad.
Además, los residentes de estas zonas deberán tramitar un tarjetón para que se les permita estacionarse frente a sus propias casas.
De acuerdo con lo publicado en La Verdad, el representante de la concesionaria de parquímetros, Promotora de Reordenamiento Urbano señaló que según lo marca el título de posesión, en caso de incumplimiento por parte del municipio, el monto de la penalización es equivalente a los ingresos que hubiera recibido el concesionario por el tiempo de la concesión, lo que significaría un total de casi 680 millones de pesos, cantidad presentada a los regidores en una reunión anterior.
Por su parte, la presidenta municipal de Solidaridad ha mencionado que buscará la posibilidad de efectuar una consulta ciudadana, y hasta le pidió apoyo a su antecesora y actual diputada, Cristina Torres, quien propuso una mesa de trabajo con las autoridades municipales, la CCERM y Canaco, la empresa concesionaria y representantes del Congreso del Estado.
Con información de El Sol de Quintana Roo,El Universal, La verdad, Turquesa News.
AMX/TIV
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