Teresa Gil
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Una definición totalitaria de crimen de estado la dio el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, al señalar públicamente que el asesinato del juez Uriel Villegas y su esposa en Colima, es un crimen de estado. ¿A que estado está haciendo referencia en un país que es un estado tripartita en si mismo, pero se integra por 32 estados o entidades libres y soberanas’ Si atribuye el crimen al estado de Colima debe de tener pruebas que lo demuestren y si no es así, nos genera dudas que quien hable sea un juzgador de altos vuelos, el que califica en grado sumo la vigencia de la Norma suprema. Pero si se refiere al Estado mexicano en su conjunto debe recordar muy bien que éste se integra por tres poderes y que uno de ellos es el propio Poder judicial, es decir, con su aseveración se estaría incriminando el mismo como presidente de ese poder. Las cosas del derecho son muy elásticas pese a que se supone que existen leyes concretas y claras. Pero la interpretación suele tener sus bemoles porque la conducta humana también es elástica. En su comparecencia el ministro que acusa al estado sin señalar cual, hace confesión de parte y con ello, deslinda al propio acusado. Quizá llevado por su emotividad ante el atroz asesinato del juez y de su esposa, dijo que él sabía que al juez Villegas no le gustaba tener escoltas de protección y que había solicitado, pese a la reiteración del ministro, que se las retiraran. Las malévolas informaciones que con jiribilla circulan en muchas partes en donde los cabezales dicen en tono acusatorio que el juez no tenía escoltas desde hace un año, soslayan lo que dijo el ministro que por consideración propia del juez no quería la protección. Así es como se hacen los chismes. Y Zaldívar, que lo sabía, ignoramos si lo hizo notar a las autoridades encargadas de solucionar esos problemas sean del estado de Colima o del estado federal, al que pertenece el propio señor ministro.
¿LA LIBERTAD DE FLORENCE CASSEZ FUE CRIMEN DE ESTADO O RAZÓN DE ESTADO?
Las palabras tintilan como lucesitas que a veces no entran al cerebro. La Corte tiene un largo pasado, pero hay uno muy mentado de la época de Felipe Calderón, en el que no suele entrar en polémica. Ha dejado que sean periodistas y escritores lo que aborden a su antojo lo que realmente pasó con la presunta secuestradora que tuvo nada menos que el apoyo de un estado poderoso, su propio estado, el que tiene en la ONU poder de veto con los más ostentosos. La Corte no sentenció a la señora Florence Cassez y su situación quedó en suspenso, porque fue liberada por razón de estado según se ha dicho ¿Que razón de estado había para liberar a esa mujer y dejar a su presunto cómplice y amante en la cárcel por 14 años sin que haya sentencia alguna? La presión de un personaje tan cuestionado como Nicolás Sarcozy fue lo suficiente para que un poder como el judicial cediera su posición, presuntamente independiente, e hiciera caso de Calderón. Si a la concepción del ministro Zaldívar vamos, lo que hay ahí es un crimen de estado, porque sin haber razón poderosa (no estábamos en pleito ni en guerra con Francia), fue liberada una presunta secuestradora. Con ese criterio Trump o cualquier otro pueden venir y exigir la liberación de sus connacionales, así haya en sus expedientes mucha tela de donde cortar.
EN LOS CRÍMENES DE ESTADO SIEMPRE SE BUSCA JUSTIFICACIÓN: ZAFFARONI
En el deslinde de un crimen, hay muchas conductas que pueden llevar al crimen de estado, pero no siempre se puede asegurar sin tener pruebas. En ese sentido, dado que hay muchas conductas de ese tipo en los estados, si se le señala culpable a la aventura, éste será considerado siempre como un criminal. En México está abierto el caso Ayotzinapa al que algunos consideran crimen de estado y en muchos países la denuncia es certera porque hay pruebas de sobra pese a la justificación que siempre se da para cometer esos crímenes. Argentina es uno de esos países donde la dictadura militar perpetuó todo tipo de crímenes justificando los hechos con las cosas más banales. El reconocido jurista y juez de ese país, Raúl Zaffaroni, cuyos trabajos están en la biblioteca digital del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostiene que aunque son antiguos, la investigación de este tipo de crímenes es nuevo y la criminología debe enfrentar una carencia que no tiene clara una definición. Y se convierte, dice, en el gran desafío del siglo XXI. Mientras, en México se utiliza el concepto de crimen de estado como aquel que cometen agentes estatales o particulares con la anuencia u omisión del estado. Zaffaroni va más allá e incluye a sus propios colegas los abogados, penalistas sobre todo, para poner énfasis en sus discursos que legitiman u omiten. En el mismo caso pueden estar otros sectores de la sociedad, sectores de la prensa y del capital, añadimos. En su documento, El crimen de estado como objeto de la criminología, el jurista advierte que al penetrar en su estudio, la criminología no puede ser neutral y tomar en cuenta todas las circunstancias que se dan en una sociedad y el comportamiento mismo del estado.
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