CIUDAD DE MÉXICO.- En septiembre de este año, con el respaldo de gobernadores y alcaldes, organizaciones sociales y ciudadanos, se realizó un llamado a los diputados para restituir y, en todo caso, aumentar los recursos en materia de seguridad para estados y municipios (https://bit.ly/2UzsTWJ).
La preocupación que animó dicho exhorto es que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se encuentra estancado; que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) se erogan para atender otras necesidades; y porque el Subsidio para el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) incluso se había reducido de 2019 a 2020. Ahora, MORENA y sus aliados en el Congreso, deciden eliminar los alrededor de 4 mil millones de pesos, del FORTASEG, esenciales para la seguridad de cerca de 300 municipios del país.
Como todos sabemos, nuestras policías se encuentran en una situación crítica por falta de apoyos políticos y respaldo presupuestal, justo en momentos en los que el país enfrenta la mayor emergencia por inseguridad en su historia moderna. Les faltan salarios y prestaciones dignas, capacitación adecuada, equipamiento e infraestructura suficientes.
Sin embargo, el gobierno federal y sus representantes en el Congreso, en oposición a sus promesas de campaña, llevan dos años militarizando la seguridad pública y diversas áreas del ámbito civil, a un ritmo sin precedentes, al tiempo que congelan, disminuyen, o retiran apoyos para las policías locales del país.
No sólo se destruyó a la Policía Federal, no sólo se viola la Constitución con una Guardia Nacional de corte militar, sino que además se condena ahora a las policías locales a una creciente indefensión ante la criminalidad y la delincuencia organizada. A lo anterior, es necesario añadir la dramática situación que también enfrentan las fiscalías y los penales de todo el país, también por falta de recursos.
La militarización exacerbada que el gobierno federal impone al país y a las Fuerzas Armadas, no resolverá la crisis de violencia que vivimos, pues los institutos armados no tienen las capacidades de investigación, ni los arraigos indispensables para lidiar con problemáticas locales de inseguridad.
Causa en Común considera que México vive momentos de grave emergencia, que exigen la movilización política de gobernadores, alcaldes, legisladores y organizaciones sociales, para exigir que el gobierno federal y sus extensiones en el Congreso, detengan y reviertan el actual proceso de destrucción institucional.
No podemos permitir que las comunidades del país continúen indefensas. No podemos permitir que la irresponsabilidad extrema hunda al país.
AM.MX/fm
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