CIUDAD DE MÉXICO.- En la presentación del “Informe Violeta, inventario de acciones legislativas en favor de las mujeres”, diputadas, especialistas, académicas y feministas se refirieron a las reformas que la LXIV Legislatura aprobó en materia de igualdad de género, acciones contra los feminicidios, penas vinculadas a las violencias infantil, familiar y obstétrica, y de abuso sexual.
También, sobre la regulación contra la violencia política y el reconocimiento del cuidado digno y tiempo propio. Destacaron que se haya avalado que ninguna persona con antecedentes como agresor sexual, acosador o deudor alimenticio pueda ser candidato a ningún puesto de representación popular.
Al presentar su informe, la coordinadora de la Subcomisión para la Atención de Feminicidios y Violencia contra la Mujer, de la Comisión de Justicia, diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena), mencionó que la Legislatura de la Paridad tiene mucho que abonar para lograr la plenitud de derechos de las mujeres, “empezando por un presupuesto que nos ponga en el centro, y así garantizar el ejercicio pleno de nuestros derechos y una vida libre de violencia”.
Destacó la conformación del Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva, encabezada por dos mujeres presidentas de la Mesa Directiva e integrada por representantes de todos los grupos parlamentarios.
Añadió que se ha trabajado sin descanso en medio de la pandemia, la cual reveló retos en temas como estado de bienestar, derecho a la salud, cuidado de las personas más vulnerables, educación, seguridad social, empleo, salario digno, derechos laborales y “en algún momento, tocaremos la renta básica universal”.
Con la participación de las 241 mujeres de esta Legislatura, dijo, se ha cambiado de manera radical la agenda legislativa en el país. “No podemos seguir participando políticamente con tutelas; necesitamos lograr la plena igualdad de derechos de las mujeres. Que la paridad se convierta en tema de igualdad sustantiva.
Si queremos acabar con la impunidad y dar respeto a la dignidad y el derecho a una vida libre de violencia, no podemos convalidar ninguna decisión que lleve a un agresor al poder”, subrayó.
Al participar en el panel “Los claroscuros de la justicia en México. Impunidad vs Justicia”, la presidenta de la Comisión de Justicia, diputada Pilar Ortega Martínez (PAN), señaló que la violencia de género, es un mal generalizado que ha existido durante mucho tiempo y, en los últimos años, se ha visibilizado con mayor fuerza.
Mencionó que ha quedado de manifiesto la existencia de problemas graves en el sistema de justicia, como la falta de capacidades para una correcta investigación de delitos en razón de género o relacionados con alguna forma de violencia contra las mujeres. Por ello, dijo, desde la Comisión de Justicia se ha logrado construir consensos para impulsar reformas a distintos ordenamientos para eliminar barreras o figuras que son discriminatorias para las mujeres.
La impunidad, dijo, es un cáncer que afecta severamente a todos los ámbitos de la vida pública y, en mayor rigor, a las mujeres. Hizo votos por que este informe “ayude a seguir visibilizando la urgencia de atender esta causa desde todos los ámbitos del Estado, dar un paso significativo para enderezar el rumbo del país y así ser una sociedad que proteja efectivamente a las mujeres”.
Patricia Olamendi Torres, abogada feminista, fundadora de “NosotrasTenemosOtrosDatos” puntualizó que será complicado lograr la armonización legislativa, si no se establece un Código Penal Único, y “ahí la diputada Villavicencio, ha estado insistiendo y la seguiremos acompañando. Nunca más un México sin nosotras pero, sobre todo, nunca más un agresor al poder”.
Agregó que es preocupante la irresponsabilidad de las instancias de justicia de las y los servidores públicos que no llevan a cabo su trabajo de manera correcta. “Hago un llamado, porque es evidente que esta impunidad que existe, no sólo en la incorrecta clasificación del tipo penal de feminicidio, sino también en el acceso a la justicia y procedimientos, tiene como responsabilidad la nula o precaria actuación de las y los servidores públicos”.
Ana Katiria Suárez Castro, abogada feminista, autora del libro “En legítima defensa”, refirió que se debe establecer como tipo penal un delito de género que englobe no sólo un tema de discriminación o una situación violenta en la calle por razón de género, sino que abarque todas las conductas normalizadas en el país que nadie sabe cómo señalarlas.
Es importante lograr la homologación del Código Penal Único y exigir a las fiscalías estatales que establezcan protocolos específicos de actuación. “Es fundamental que se observe la salud mental de los procuradores de justicia e investigadores. Si la gente que está capacitada jurídicamente para tipificar, investigar y perseguir el delito, emocionalmente no recibe una contención dentro de su trabajo para poder continuar con una visión objetiva, no podemos esperar que un juicio sea contemplado con elementos objetivos apegados a la ley”.
En el tema “La igualdad de género como fundamento para erradicar la violencia contra las mujeres”, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada María Wendy Briceño Zuloaga (Morena), señaló que el reto de la instancia que encabeza ha sido etiquetar el presupuesto con un enfoque de perspectiva de género, visibilizar, promover y garantizar los derechos políticos y el reconocimiento de los derechos humanos en las primeras etapas educativas, así como el empoderamiento económico y la igualdad salarial.
Añadió que también se ha trabajado para que la paridad sea un principio constitucional, para lo cual se reformaron nueve artículos y se modificaron 86 leyes secundarias para garantizar plenamente la paridad, además de las modificaciones de las alertas por violencia de género para que estén acordes a la realidad. Resaltó que también se ha legislado en temas de violencia simbólica y mediática.
Consideró que para “lograr la paz social se debe atender la violencia de género, por ello el trabajo debe estar enfocado en generar políticas que amplíen sus derechos”.
La directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, dijo que a pesar de los avances en materia de género es necesaria la correcta aplicación de las leyes y combatir los altos niveles de impunidad, ya que esto perpetúa todas las modalidades de violencia que viven las mujeres.
Subrayó que para hablar de igualdad es necesario impulsar la economía de las mujeres mediante el reconocimiento de la labor de cuidados, su inclusión financiera, salario igualitario, así como promover la autonomía física relacionada con los derechos sexuales y reproductivos, y la política enfatizando su importancia en la toma de decisiones del país.
En el tema “Los cuidados al centro de las políticas públicas”, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), expresó que aún existen pendientes para cumplir con las sentencias, principalmente en cuanto a protocolos y procesos judiciales, pues “sigue la impunidad en diferentes feminicidios; de ahí que tenemos que retomar la discusión del Código Penal Único y lograr resolver las antinomias que se dan en los códigos penales estatales”.
Refirió que la pandemia arrojó un sinfín de información con respecto al tema de los cuidados que se ejercen en los hogares y que no es respaldado por el Estado; “ahora ya lo hicimos realidad y está en el Senado la discusión para habilitar el derecho constitucional. Ellos están avanzando sobre el Sistema Nacional de Cuidados al igual que el Instituto Nacional de las Mujeres”.
En la Comisión, precisó, se emprende un trabajo sobre igualdad sustantiva, teniendo como eje rector 48 iniciativas de diferentes diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios, para habilitar el mandato constitucional de que todo el poder del Estado tendrá que encaminarse a la erradicación de la violencia de género contra las mujeres, en temas de matrimonito igualitario, igualdad laboral y salarial, así como justicia con perspectiva de género.
Pilar Alberti, académica y activista feminista integrante de la Coalición por el Cuidado Digno y el Tiempo Propio, expuso que el tema del cuidado digno y derecho al tiempo propio “se enfrenta justamente con el núcleo del patriarcado más dinosaurio y más recalcitrante, ya que el mismo está presente en los usos y costumbres, así como en la política”.
Los cuidados, dijo, son el elemento más débil porque está ocupado por mujeres y, por lo tanto, dar dinero para cambiar esa estructura y pensar en un Sistema Nacional de Cuidados, es un elemento al que no se le ha dado la importancia necesaria. Llamó a trabajar con una perspectiva de género feminista para atacar las bases del patriarcado. “Ni un agresor más en el poder”.
Margarita Garfias, cuidadora y activista feminista integrante de Yo Cuido México, propuso que el 24 de julio sea el “día para el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras y trabajadores no remunerados”, con el fin de que este día nos indique cuál es el avance anual sobre sus derechos y garantías y sirva de medidor para visibilizarlos”.
Felicitó a las legisladoras por garantizar el bloque de iniciativas para ayudar a erradicar la violencia de género. Pidió que se legisle con perspectiva de género lo relacionado a Cannabis. “Me gustaría poner en la mesa la perspectiva de género que debe de existir en la ley actual de Cannabis que se encuentra en la Cámara de Diputados, debido a que la mayor parte de mujeres encarceladas es por delitos contra la salud en la modalidad de consumo y posesión simple; aquí hay mucho por hacer”.
Sobre el eje “Feminización de la política”, la diputada Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano, refirió que uno de los asuntos más importante que se ha transitado durante la Legislatura es la alianza de diputadas comprometidas enfrentando los diversos problemas y siempre estando a favor de la agenda de las mujeres.
Mencionó que los principales avances de esta Legislatura en materia de paridad son visibles. Las reformas constitucionales y las legales se verán este año en acción en el proceso electoral que, dijo, es el más importante de la historia por el número de cargos que estarán en juego y que serán votados con paridad.
Consideró que feminizar la política significa que las mujeres pongan todo el compromiso y congruencia para avanzar en una agenda, sobre todo ahora que está por terminar esta Legislatura. “Será muy importante generar un pase de estafeta con la nueva Legislatura y dejar todo lo que se ha avanzado y hablar de lo que queda pendiente”, señaló.
Amalia García, ex gobernadora de Zacatecas y feminista, comentó que la democracia debe concebirse como el espacio de la toma de decisiones y la participación colectiva que necesita elementos adicionales para hacerse posible, como la participación libre de mujeres en la política. “Para esa libertad de las mujeres hay que señalar que se debe actuar sin tutela”.
Comentó que con la feminización de la política se propone cambiar el mundo para que sea un espacio de derechos efectivo, especialmente con la perspectiva de género que garantice que las decisiones colectivas se tomen con las mujeres, que haya igualdad de condiciones, que se actúe con libertad y se garanticen los derechos de manera efectiva y plena.
Al referirse al tema “El derecho a decidir de las mujeres”, Daniela Tejas Miguez, politóloga feminista y co-coordinadora del Fondo MARIA, afirmó que no se puede tener acceso al aborto seguro condicionándolo a estándares de desigualdad. Puntualizó que aunque existe un marco legal permisivo, en la realidad este acceso está obstaculizado por un contexto de criminalización en donde hay mujeres en la cárcel.
Consideró que hoy se tiene la oportunidad de avanzar en el derecho a decidir poniendo en la mesa el tema del aborto seguro, el combate al fascismo, la transfobia, la militarización y el racismo. “El acceso al aborto es parte del avance democrático. Impulsar una agenda que incluya el derecho a decidir tiene que ver con estar a favor de que las personas trans y no binarias tengan vidas plenas y seguras, que las trabajadoras sexuales planteen la agenda de acciones que les beneficien, y adolescentes tengan autonomía de decisión sobre su sexualidad y embarazos”.
La feminista Coordinadora Nacional de REDEFINE, Sofía Alessio-Robles, indicó que es necesario que el Estado se comprometa a brindar servicios de salud con personal capacitado en procedimientos de aborto seguro y a difundir información laica y científica sobre las causales existentes, en lenguas indígenas.
“La despenalización del aborto nos lleva a una sociedad más democrática, no obliga nadie a abortar; simplemente facilita el acceso a los servicios para quienes lo necesitan, evitando que las mujeres arriesguen su vida y salud en procedimientos inseguros, reconociendo la autonomía y el derecho a decidir sobre sus cuerpos”.
AM.MX/fm
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