Pablo Cabañas Díaz.
En México, sobre todo en momentos clave del poder, la política se ha venido alimentando del impulso y la confrontación sobre los proyectos de Nación, primero desde una perspectiva económica, en el inicio de políticas neoliberales en 1982, cuando inició la liberalización económica, más tarde, en la etapa del bipartidismo que inició en el año 2000, y siguió en 2006 y 2012 con el regreso del PRI al poder. Con el Pacto por México la administración de Enrique Peña Nieto inició las reformas económicas estructurales que se realizaron sin el apoyo popular. Esto configuró una disputa de grandes dimensiones hacia las elecciones de 2018 cuando se enfrentaron dos proyectos-país diferenciados, cada uno apoyado por fuerzas sociales amplias.
La ruptura mexicana, la división política entre los diferentes grupos nuevamente emergió en todo su esplendor en 2018. Seis años antes, Peña Nieto aprovechó la polarización política generada por Andrés Manuel López Obrador y posicionó fuertemente su candidatura. El debate público organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), evidenció la existencia de dos proyectos políticos pero el mecanismo no permitió la presentación de propuestas, sino más bien se centró en los perfiles de los liderazgos, y destacó el antagonismo que permaneció después de la campaña del 2018, hasta nuestros días.
Los temas fundamentales de división social y política entre los diversos sectores de la sociedad durante la campaña de 2018, tuvieron cuatro ejes: las reformas estructurales, principalmente la energética, la educativa y la laboral que representaron diferendos en el estilo de gobernar; la distribución de la riqueza y la eficacia de las políticas públicas antipobreza que han sido fallidas en los últimos 30 años; las propuestas de transparencia y anticorrupción y las de seguridad pública y derechos humanos, estas últimas asignaturas sin resolver en todos los gobiernos.
En estos cuatro ejes, se plasmaron las diferencias en las fuerzas políticas contendientes; López Obrador apuntó directo hacia una modificación del régimen político, particularmente de las llamadas reformas estructurales y del estilo de gobernar; José Antonio Meade y Ricardo Anaya en dos coaliciones distintas, con diferencias de matiz y grado intentarían la continuidad del régimen político. En los tres debates se corroboró la existencia de posiciones y proyectos opuestos.
Los debates entre los candidatos apenas reflejaron la confrontación social que adquirió la campaña electoral. La confrontación y la discusión pública entre dos bandos no sólo fue virtual o en redes sociales. La intensidad de este tipo de ejercicios devino en actos de violencia política jamás alcanzados en el periodo contemporáneo, violencia física contra candidatos locales, contra funcionarios públicos y particularmente contra mujeres candidatas en lo que se caracterizó como violencia de género, y alcanzó incluso a sus familias. Esa división que llega hasta nuestros días, lejos de amainar, crece y será el eje sobre el cual habremos vivir en los próximos años en la vida política del país.
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