CDMX.- Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ingresó a México diez expedientes judiciales contra funcionarios mexicanos por acusaciones relacionadas con el narcotráfico, que incluyen al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y su ex secretario de Gobierno el actual senador de Morena, Enrique Inzunza, el ex procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, dijo que no se necesitan pruebas para su detención.
La solicitud de detención con fines de extradición se puede llevar a cabo, puesto que hay un plazo de 60 días para presentar documentación contra los funcionarios que el gobierno de Estados Unidos solicita en extradición para ser procesados por delitos relacionados con el narcotráfico en ese país, explicó el también abogado y ex diplomático mexicano.
Sin embargo, recordó que el gobierno mexicano que preside Claudia Sheinbaum recién extraditó a 29 personas a Estados Unidos sin que la contraparte haya presentado pruebas.
En cuanto a los funcionarios señalados por el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, el ex procurador comentó que en una segunda etapa, después de un plazo de 60 días, el Ejecutivo debe resolver si lleva a cabo la extradición o puede recurrir al amparo y hay amparos que llevan años en resolverse.
Si México no procede de manera rápida para aplicar la extradición, una vez cumplidos los requisitos en el marco del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, las consecuencias para las relaciones bilaterales estarán en entredicho, sobre todo en el marco de la firma del acuerdo comercial del norte T-MEC que aporta dos millones de dólares por minuto, y el 33% del PIB en México.
De acuerdo con el expediente judicial, hay pruebas de que Rocha Moya recibió apoyo de criminales para ganar la gubernatura en 2021, pues hay evidencias de sus reuniones con los narcotraficantes Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán López, en encuentros resguardados por sicarios armados con ametralladoras, donde pactó las garantías de su triunfo electoral a cambio de prebendas para los grupos delictivos y la colocación de funcionarios que favorecieran las operaciones de los delincuentes, quienes consolidaron posiciones estatales y municipales, incluida la Fiscalía de Sinaloa, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Culiacán, para luego extenderse a nivel federal.
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