POR FRANCISCO SALGADO F.
En el convulso escenario de la política mexicana, la línea entre el debate público y el juicio sumario suele borrarse con alarmante facilidad. El linchamiento mediático, alimentado por la inmediatez de las redes y la estridencia de las filtraciones, se ha convertido en un arma de desgaste cotidiano.
Ante este panorama, vale la pena recordar un pilar fundamental de cualquier Estado de derecho: ante los preceptos de la ley, toda persona acusada de algún delito se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, hasta que se presenten las pruebas necesarias y un juez dicte una sentencia.
Esta fue, precisamente, la postura que ofreció el senador Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), durante la conferencia de prensa celebrada el martes 9 de junio.
Al abordar los señalamientos mediáticos que pesan sobre sus correligionarios, Adán Augusto López Hernández y Enrique Inzunza, el líder de la bancada de Morena en la Cámara Alta no solo asumió la defensa de sus compañeros de partido, sino que puso sobre la mesa un argumento jurídico y constitucional de validez universal: la presunción de inocencia.
La advertencia de Mier fue clara y contundente: el Senado de la República no se convertirá en un “paredón político” para juzgar a legisladores con base en rumores, trascendidos o especulaciones, muchas de ellas provenientes del extranjero.
En particular, al referirse a las versiones sobre el supuesto retiro de la visa estadounidense a Adán Augusto López por parte del gobierno de Donald Trump, Mier desestimó los rumores señalando que carecen de sustento judicial y que forman parte de una narrativa netamente política.
El líder parlamentario recurrió a la lógica de los hechos y a la memoria histórica para sostener su tesis. Por un lado, la realidad cotidiana: el propio López Hernández ha viajado recientemente a Estados Unidos sin contratiempos migratorios, y su estado actual —lejos de la zozobra de una investigación judicial— es el de un político en franca recuperación médica tras una intervención de la vista.
Por el otro, el peso de la historia: Mier evocó el emblemático caso de 1990 del médico Humberto Álvarez Machain, quien fue secuestrado por agentes estadounidenses y enlodado infamemente por agencias del Departamento de Justicia, para luego ser absuelto dos años después por una corte federal de Texas debido a la total ausencia de pruebas.
La analogía es oportuna. La lógica de lanzar acusaciones sin sustento para provocar un desgaste político no es nueva, pero sigue siendo igual de peligrosa. De ahí la importancia del llamado de Ignacio Mier a defender una «soberanía en la narrativa», impidiendo que las agendas externas o las filtraciones interesadas condicionen y contaminen el debate público en México.
Esto no significa, bajo ninguna circunstancia, una defensa de la impunidad. El propio senador fue enfático al señalar que, si existe alguien involucrado en actividades ilícitas, «trátese de quien se trate, que se aplique la ley». Pero la clave está en la legalidad del proceso, no en el ruido de los pasillos o en las columnas de trascendidos. Mientras no existan pruebas acreditadas ante las autoridades correspondientes, el beneficio de la duda debe prevalecer.
Garantizar el respeto a los derechos constitucionales, preservar el debido proceso y proteger la dignidad de los legisladores —independientemente de su filiación política— es una obligación institucional.
El Senado debe ser un espacio de deliberación y legislación, no un tribunal de arbitrio ni un paredón de fusilamiento moral alimentado por la sospecha.
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