• El ex presidente permitió que el narcotráfico actuara, sin que las fuerzas del orden, Guardia Nacional o incluso el Ejército, defendieran a la población mexicana
CDMX.- El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y diversas organizaciones criminales para que se investiguen las posibles responsabilidades penales individuales, derivadas de los pactos político-criminales que se implantaron y expandieron en México.
La denuncia señala posibles delitos de lesa humanidad reflejados en más de 200 mil homicidios, más de 150 mil desaparecidos, el reclutamiento forzado de jóvenes, el desplazamiento de comunidades enteras y amplias regiones del país bajo el control de los cárteles del narcotráfico.
El diputado federal del PAN, Germán Martínez Cázares, explicó que solicitan a la Corte una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en México, pues durante el gobierno del expresidente hubo una relación de tolerancia y colaboración entre autoridades y organizaciones criminales que habría derivado en violencia sistemática contra la población.
Basados en el Estatuto de Roma, firmado por México para defender los derechos humanos, denunció que la justicia en México está colapsada y ahora en el país se cometen crímenes de lesa humanidad, lo cual se documenta y, a su juicio, se acredita la posible comisión de delitos graves por parte de grupos criminales con la aceptación o aquiescencia de autoridades mexicanas.
La denuncia sostiene que la realidad que hoy vive México en materia de inseguridad, no es producto de la causualidad o de desarrollos delictivos aislados, sino de la deliberada, calculada y sistematizada colaboración permisiva del Estado Mexicano que permitió o incluso provocó el establecimiento e híper empoderamiento del Crimen Organizado en México, a raíz de establecer un pacto político con ellos entre ambas partes, es decir, entre distintos Gobiernos de Morena (principalmente el federal 2018 – 2024) y el Crimen Organizado.
La denuncia con fecha del 1 de junio, también sostiene que entre 2018 y 2024 se implementó una política deliberada de cesión de soberanía frente al crimen organizado, con casos emblemáticos en Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, entre otros. El narcopacto conocido como “abrazos, no balazos” permitió a los grupos criminales expandir su poder territorial, económico y político, mientras el Estado renunciaba a ejercer plenamente su autoridad. No sólo se toleró el avance del crimen organizado; se permitió que sustituyera al Estado en amplias zonas del país.
Al mismo tiempo, han surgido señalamientos e investigaciones sobre presuntos vínculos entre actores de Morena y organizaciones criminales en entidades como Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Los casos de Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal han profundizado la preocupación sobre la penetración del crimen organizado en el poder político. Por ello acudimos a la Corte Penal Internacional, ante instituciones nacionales cada vez menos capaces de garantizar investigaciones independientes.
«Acción Nacional seguirá denunciando todo lo que tenga qué denunciar. Somos y seremos por siempre la voz de millones de personas que claman justicia por sus seres queridos y que saben que una supuesta transformación los traicionó. Las víctimas merecen verdad, justicia y rendición de cuentas. Y a los delincuentes la justicia tarde o temprano los alcanzará».
Conoce los detalles de 265 párrafos con 13 anexos de la denuncia que contiene documentos internacionales y sentencias de la Corte Penal de La Haya en casos similares, para concluir que las organizaciones criminales mexicanas atacan a la población civil y expanden sus actuaciones criminales con la complacencia de las autoridades federales.
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