Ahora pasa a la cámara revisora en San Lázaro para su análisis y eventual aprobación
Hay inconsistencias aprobadas en el Senado, como la retroactividad en la aplicación del amparo, advierte Ricardo Monreal
CDMX.- La Cámara de Senadores, que tiene mayoría legislativa de Morena con partidos afines, aprobó la madrugada del primero de octubre el proyecto que reforma la Ley de Amparo, decreto que envió la presidenta Claudia Sheinbaum, y que ahora pasa a la cámara revisora en San Lázaro para su análisis y eventual aprobación. Por lo pronto, el coordinador de los diputados de Morena Ricardo Monreal, comentó que hay inconsistencias aprobadas como la retroactividad en esa figura.
Explicó que el artículo transitorio de la reforma a la Ley de Amparo, que le da carácter retroactivo a las nuevas disposiciones es “inadecuada” y se revisará en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para garantizar el respeto a los derechos adquiridos de empresas y particulares con procesos en curso, por lo que la Comisión de Justicia tendrá que revisar y modificar conforme a los plazos legales, sin fast track.
El dictamen en el Senado, que actualiza diversos ordenamientos en materia de justicia constitucional, fiscal y administrativa, fue avalado por 76 votos a favor por parte de Morena, PVEM y PT; y con 39 votos en contra del PAN, PRI y MC.
Según los justificantes para la reforma a la Ley de Amparo, el objetivo es fortalecer, modernizar y armonizar el marco normativo del juicio de amparo y los mecanismos complementarios de defensa en materia fiscal y administrativa, con el fin de garantizar un acceso efectivo, ágil, transparente y humanista a la justicia, en congruencia con los principios constitucionales, y los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
El proyecto responde a una doble necesidad: por un lado, perfeccionar la institución del amparo como mecanismo central de protección de los derechos fundamentales frente a actos de autoridad, y por otro, evitar el uso abusivo o dilatorio de los recursos administrativos y judiciales en materia fiscal que obstaculizan la recaudación de créditos firmes y afectan el interés social y el orden público.
Sin embargo, Carolina Viggiano Austria, del PRI, acusó que los últimos ajustes al dictamen no modificaron nada sustantivo, con lo que se pretende debilitar al Poder Judicial, anular los contrapesos constitucionales y dar “manos libres” al Ejecutivo para “consolidar un régimen autoritario que desprecia las libertades y que no tolera límites”.
Según Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, dijo que el dictamen no es producto de un trámite cerrado, sino de un proceso plural y transparente, pues se realizaron audiencias públicas con especialistas, expertos, litigantes y organizaciones sociales, por lo que refleja una deliberación franca, abierta y pública.
Afirmó que la reforma persigue tres objetivos fundamentales, modernizar el juicio de amparo incorporando el uso de herramientas digitales; hacer más eficiente y ágil el procedimiento cerrando espacios a la dilación y el abuso de la figura, así como, el de preservar el carácter garantista reafirmando que es un recurso efectivo de defensa frente a los actos de autoridad.
Abundó que la reforma busca fortalecer el juicio de amparo como escudo ciudadano, pero al mismo tiempo cerrar los resquicios que han permitido abusos procesales que afectan al interés colectivo y el desarrollo del país, por lo que uno de sus aspectos principales es el interés legítimo individual o colectivo.
Por el PAN, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, afirmó que la reforma contraviene la Constitución en materia de progresividad de los derechos humanos, pues debilita la suspensión del acto reclamado, cuando el amparo nació para poner un alto al abuso del poder, por ello no fortalece al amparo, sino favorece la concentración de poder en las autoridades y reduce los contrapesos ciudadanos.
Por Morena, Ana Lilia Rivera Rivera, indicó que la reforma fortalece el juicio de amparo pues actualmente ha sido usado como escudo de impunidad frente a graves afectaciones al interés nacional, dilatando la justicia o blindando intereses económicos de unos cuantos, en perjuicio de la mayoría, razón por lo cual estas modificaciones devuelven al amparo su sentido más profundo, el bien común.
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