Por Edgar González Martínez
El ghosting scam es una nueva forma de fraude que consiste en la suplantación de identidad de personas fallecidas para cometer delitos financieros, fiscales o digitales.
Desde ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, explican cómo funciona esta modalidad de estafa y la urgencia de la protección de la identidad digital.
Según cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, solo en los primeros diez meses de 2023 se registraron más de 1,600 casos de robo de identidad, un incremento del 218 % respecto al año anterior. De estos, el 62 % fue a través del hackeo de redes sociales. En 2024, México registró 818,437 defunciones y de acuerdo con los expertos en ciberseguridad, las redes sociales de estas personas pueden ser utilizadas de forma ilegal por redes delictivas para abrir cuentas bancarias, solicitar créditos, realizar fraudes fiscales o incluso manipular redes sociales con fines maliciosos.
Al respecto, David González, investigador de seguridad informática de ESET, nos dice: “Estamos viendo una evolución en las tácticas del crimen digital. Ya no solo roban cuentas activas, ahora buscan perfiles de personas que han fallecido o han dejado de usar sus redes, porque es mucho más fácil pasar desapercibidos”.
Los ciberdelincuentes obtienen información de obituarios, redes sociales o registros públicos. Con estos datos pueden acceder a correos electrónicos, redes sociales, historiales médicos y registros fiscales. El fraude puede ir desde el uso indebido de seguros o créditos a nombre del difunto, hasta la manipulación de cuentas sociales para enviar mensajes falsos o enlaces de phishing.
Estos perfiles, conocidos como cuentas fantasma, son utilizados para enviar mensajes con solicitudes de dinero, promociones falsas o incluso suplantar la identidad del titular en esquemas más complejos como fraudes financieros y ventas inexistentes.
En WhatsApp, por ejemplo, los casos de robo de cuentas aumentaron un 672 % entre enero y febrero de 2024, con extorsiones que van desde los $1,000 hasta los $5,000 pesos por usuario.
“Estamos frente a un fenómeno poco visibilizado pero muy peligroso. Los delincuentes aprovechan la lentitud de los procesos administrativos tras la muerte de una persona para tomar control de sus datos y actuar con total impunidad”, comenta el investigador de ESET.
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