Por Bárbara Heredia
En el Senado de la República vemos las caras de los legisladores y conocemos sus afiliaciones políticas, algunos impactan; pero desconocemos lo que sus corazones cargan, las historias que ocultan o los motivos que mueven su comportamiento.
Resulta que los reflectores ahora alumbraron al senador de Morena que representa el estado de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, pero no por sus iniciativas y propuestas legislativas, sino por el pasado que trae a cuestas que es motivo para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicite su detención y eventual extradición por delitos relacionados con el narcotráfico.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, dijo que refutará absolutamente todas las falsedades que se han difundido en su contra, “desde el recto ejercicio de mi cargo de senador de la República”.
El oriundo de Baridaguato, Sinaloa, fue secretario de Gobierno de Rubén Rocha Moya, también imputado por la justicia de Estados Unidos por tráfico de drogas y de armas, por lo que ya mejor pidió licencia como gobernador, a ver que le depara la ley.
Después de operar como secretario de Gobierno en el estado de Sinaloa, Enrique Inzunza llegó al Senado de la República, donde la protección del fuero lo hizo sonreír y sentirse seguro. Hasta ahora.
El Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, acusa al senador Inzunza, al gobernador Rocha Moya y al alcalde de Culiacán, Sinaloa, Juan de Dios Gámez Mendívil, junto con otros siete individuos que tenían un cargo público en ese estado, de confabularse para “proteger y hacer crecer” el imperio del tráfico de drogas en el cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más violentas del mundo.
“Entre otras cosas, los acusados han protegido a los líderes del cartel contra investigaciones, detenciones y procesos judiciales; han facilitado que se proporcionara información sensible de las autoridades del orden público y militar a miembros del cartel”, refiere el tribunal de justicia estadunidense que, en concreto, los acusa de asociación delictuosa para importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, entre otros delitos violentos que ameritan 40 años de prisión o cadena perpetua.
Inzunza Cázarez rechazó las calumnias y el oprobio del que se pretende hacerlo objeto, a través de “imputaciones falsas y dolosas”. Dijo que él no renunciará al fuero que le brinda el Senado de la República, pero de ser solicitado, acudirá puntualmente a cualquier citación o llamamiento que le formulen las autoridades de justicia, pero del país.
El senador escucha voces que le recomiendan mejor convertirse en testigo protegido del gobierno de Estados Unidos, para que le reduzcan la pena carcelaria, de ser encontrado culpable. El senador es un hombre preparado, estudió Derecho, trabajó más de 25 años en el Poder Judicial de Sinaloa, donde fue magistrado presidente por casi 11 años; sabe que la ley es la ley, misma que ya deslumbra su cara.
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