TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) dio a conocer que en el registro general de su Unidad de Investigación cuenta con 643 expedientes con observaciones no solventadas de los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, de los cuales en 113 casos formuló Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) que se litigan ante el área de Substanciación y el Tribunal de Justicia Administrativa mexiquense (TRIJAEM).
Cabe mencionar que en dichos expedientes se presume responsabilidad administrativa de uno hasta cuatro servidores públicos por cada uno.
Lo anterior se dio en el marco de la tercera reunión entre la Auditora Superior, Miroslava Carrillo Martínez, y su equipo de trabajo, con la Comisión de Vigilancia de la LXI Legislatura para ampliar información del Informe de Resultados de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales 2020, en la que se aseguró que actualmente, por primera vez hay dos Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) derivados de denuncia ciudadana, algo que en la historia del OSFEM no se había dado.
De igual manera, se indicó que el Órgano Fiscalizador tiene activo un mecanismo de denuncia ciudadana que ha ido incrementando. Por ejemplo, en lo que va del año suman 16; en 2021, se recibieron 116; en 2020 fueron 87 y de ejercicios anteriores, como 2018, se identificaron 29 pero en 2019, se archivaron.
Por lo que hace a las observaciones derivadas de las auditorías practicadas del ejercicio 2020, se reiteró que aún no tienen carácter de faltas administrativas graves, sino que son hallazgos susceptibles de ser solventados por las entidades fiscalizables en la etapa de aclaración.
Asimismo, los expedientes con observaciones que no sean solventados, serán turnados a la Unidad de Investigación para determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave. En caso de ser así, se incluirá en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) y previa substanciación, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) determinará la responsabilidad de los servidores públicos.
Las observaciones más recurrentes de las auditorías practicadas fueron, en inversión física: por cantidades de obra no ejecutada; costos superiores a los parámetros de mercado; incumplimiento del objeto del gasto y del programa de inversión; traspasos presupuestarios no autorizados; falta de comprobación y justificación de las erogaciones y procedimientos de adjudicación irregulares.
En materia de cumplimiento financiero, fueron por procedimientos adquisitivos irregulares; pago de adeudos de ejercicios anteriores sin autorización y sin registro (ADEFAS); retenciones realizadas no enteradas – impuestos no pagados y saldos y sobregiros- falta de comprobación y/o justificación del gasto, de comprobación patrimonial y efectivo no recuperado o comprobado.
De la fiscalización del desempeño a los programas de desarrollo social “Salario Rosa por el Trabajo”, “Salario Rosa por el Emprendimiento”, “Beca Familias Fuertes por la Educación”, “Familias Fuertes Mejoramiento de Vivienda” y “Familias Fuertes con Apoyos Agrícolas, Componente Alta Productividad”, resultaron 76 observaciones y 80 recomendaciones al gobierno del Estado de México, para que los ejecutores adopten medidas preventivas y correctivas, mecanismos de control y seguimiento, así como mejoras estructurales de su gestión institucional.
De las 15 vertientes del Programa Social Salario Rosa en sus rubros “Salario Rosa por la Cultura Comunitaria” y Familias Fuertes Salario Rosa” se observaron subejercicios por 49 millones 869 mil 346 pesos y 888 millones 6 mil 476 pesos, es decir, un total de 937 millones 930 mil 823 pesos.
Se explicó que, por ejemplo, no se midió el grado de avance de las beneficiarias en el aumento de sus ingresos o que hayan superado las líneas de pobreza y pobreza extrema por ingresos; en materia de vivienda no se evaluó que la población que reside en localidades de alta y muy alta marginación haya mejorado las condiciones de sus viviendas y en materia educativa tampoco se evaluó el impacto de las becas para que los alumnos accedieran, permanecieran y/o concluyeran sus estudios.
Por lo que hace a la deuda pública del gobierno estatal, se puntualizó que la Cuenta Pública reportó la contratación de créditos por 6 mil mdp autorizados y se dispusieron 4 mil 952.2 mdp. Al cierre del ejercicio 2020, el saldo de la deuda pública reportado fue de 44 mil 974.6 mdp que, comparados con el saldo al cierre del ejercicio 2017 –en el inicio de la gestión actual – ha tenido un incremento neto de 5 mil 737.3 mdp, es decir, 14.6% en el periodo referido y considera adeudos a la banca comercial, de desarrollo y contratistas, pero no compromisos derivados de la contratación de los Proyectos de Prestaciones de Servicios (PPS), ni pasivos como adeudos a proveedores y otros acreedores.
Del total de pagos realizados por concepto de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), al cierre del ejercicio 2020, y de acuerdo a lo reportado en la Cuenta Pública, el gobierno estatal pagó 16 mil 802.7 mdp de manera consolidada, lo que representó el 5.4% sobre el total de los ingresos recaudados; este resultado fue superior al monto establecido como límite en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
Por otro lado, se indicó que las entidades municipales que tuvieron menos observaciones en cumplimiento financiero son Tepotzotlán y Xonacatlán con una respectivamente; y de las estatales, la Secretaría de Finanzas, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud y el C3, dos cada una. El Instituto Mexiquense del Emprendedor no tuvo ninguna en inversión física.
En cuanto a aquellos Organismos de Agua e Institutos Municipales del Cultura Física y Deporte que no operan a pesar de tener decretos de creación, se puntualizó que, en septiembre de 2020, el OSFEM emitió requerimientos de información a los presidentes municipales por su no funcionamiento, así como las acciones para garantizar el suministro de agua y el derecho a la cultura física y del deporte.
Además, en agosto y septiembre de 2021, se emitieron oficios conjuntos con el Contador General Gubernamental, aprobados por el Consejo de Armonización Contable del Estado de México (CACEM) exhortando a los alcaldes a corregir las inconsistencias en los organismos con decretos de creación sin operar.
AM.MX/fm
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