GUADALAJARA.— Por cuarta ocasión, el Congreso de Jalisco desafió una resolución vinculante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al votar en contra de armonizar la Ley del Registro Civil estatal, mecanismo que buscaba permitir a menores de edad —con la anuencia de sus tutores— rectificar su acta de nacimiento conforme a su identidad de género autopercibida.
El dictamen fue desechado con una mayoría de 20 votos en contra, encabezada en bloque por los 11 diputados de Movimiento Ciudadano, cuatro de Acción Nacional (una quinta legisladora evitó sufragar), tres del Revolucionario Institucional y dos del Partido Verde. En contraste, las bancadas de Morena (8), Hagamos (3) y Futuro (2) votaron a favor de acatar el mandato federal.

Riesgo de sanciones por desacato constitucional
⇒ La orden del máximo tribunal del país proviene de la Acción de Inconstitucionalidad 72/2022, promovida de manera conjunta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).
La Suprema Corte ya había notificado formalmente a la Legislatura estatal que la armonización no dependía de la discrecionalidad política de los legisladores, sino del acatamiento forzoso de una ejecutoria constitucional que prioriza el interés superior de la niñez mediante un trámite administrativo sumario.
Previo a esta sesión, la SCJN negó conceder una nueva prórroga al Legislativo y emitió un apercibimiento legal con multas de hasta 120 Unidades de Medida y Actualización (UMA) en caso de omisión. El Pleno jalisciense ya había rechazado proyectos similares en octubre de 2024, marzo de 2025 y enero de 2026.

La resolución parlamentaria desató fuertes reproches entre las fuerzas políticas que respaldaban la homologación:
• Mariana Casillas (Futuro): Reclamó que «los derechos humanos no se someten a consulta, deben ser ejercidos» y acusó a la mayoría parlamentaria de sostener barreras institucionales en contra de la niñez jalisciense.
• Enrique Velázquez (Hagamos): Cuestionó el desahogo del debate por parte de la mesa directiva y desmintió los argumentos de la oposición: «No es un asunto de transformarse ni de cirugías como sostienen quienes se oponen; el fallo busca únicamente garantizar que la documentación administrativa coincida con la identidad autopercibida para evitar discriminación y exclusión social».
Pese al bloqueo legislativo, el reconocimiento oficial para infancias y adolescencias trans opera en la práctica dentro del estado desde finales de 2020, año en el que el entonces gobernador Enrique Alfaro emitió un decreto ejecutivo que facultó el trámite en oficinas del Registro Civil.
Cifras oficiales de la dependencia estatal reportan que, de finales de 2020 a 2023, mil 708 personas modificaron su documentación oficial de género, de las cuales cerca de 300 corresponden a menores de edad acompañados por sus tutores y 33 a personas con identidad no binaria.
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AM.MX/ds+c
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