WASHINGTON, D.C.-El presidente Donald Trump no da el brazo a torcer en tres objetivos cruciales de su Gobierno: en las últimas semanas castigó con aranceles a decenas de socios comerciales, inició un nuevo intento por sacar del cargo a una gobernadora de la Reserva Federal, algo visto como un esfuerzo por inmiscuirse en las decisiones del banco central, y firmó dos decretos para limitar parcialmente el derecho a la ciudadanía por nacimiento en medio de su ofensiva antiinmigrante.
Esos asuntos se vieron en tres casos que Trump escaló y perdió en la Corte Suprema de Estados Unidos en un período en el que, sin embargo, el máximo tribunal amplió el poder del Ejecutivo. Le permitió, por ejemplo, despedir a funcionarias de agencias independientes sin una causa de peso y acabar con una protección que por años blindó de la deportación a miles de migrantes cuya seguridad estaría en riesgo en sus países de origen.
En ese período, el presidente también escaló con frecuencia asuntos a través de lo que se conoce como el expediente de emergencia, o shadow docket en inglés, del Supremo. Es una vía que ha sido cuestionada por la rapidez y el poco razonamiento que la Corte da al responder esas peticiones.
Estos tres casos clave que la Administración de Trump perdió en el Supremo —los aranceles, la restricción de la ciudadanía por nacimiento y el intento de despido de Lisa Cook de la junta de gobernadores de la Reserva Federal— sí fueron decididos siguiendo el proceso habitual del tribunal. Las partes entregaron amplios documentos y defendieron sus posturas con argumentos orales frente a los nueve magistrados.
Los aranceles fueron el primer gran revés del presidente. Poco después de su regreso a la Casa Blanca, Trump dio un paso inédito: invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por su sigla en inglés) para imponer aranceles. Amparado en ese decreto, fijó tarifas a México, Canadá y China por supuestamente fallar en controlar el flujo de migrantes y fentanilo hacia Estados Unidos; y otra del 10% a prácticamente todos los países del mundo.
Seis de los nueve jueces del Supremo rechazaron, por motivos distintos, que la ley IEEPA permita fijar aranceles. Tres dijeron que se trata de un asunto económico de tal envergadura que debe pasar por el visto bueno del Congreso y tres consideraron que esa ley no establece expresamente que se puedan “regular las importaciones” con este tipo de tarifas.
La respuesta del Gobierno ha sido buscar otros mecanismos para replicar el esquema arancelario. Primero recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 y, cuando su plazo venció, buscó entonces en julio otro capítulo de la misma ley para mantener las tarifas. Con un complejo andamiaje y un amplio margen de discrecionalidad, ahora la Administración de Trump justifica sus aranceles con el argumento de que los países no tienen o incumplen con normas sobre trabajo forzoso.
La maniobra ya fue retada en la Corte de Comercio Internacional, un tribunal poco conocido con sede en Nueva York. Dos empresas minoristas afirman en su demanda que los aranceles de Trump bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio “exceden la autoridad que le dio el Congreso” y que ese capítulo debe ser “específico a un país y buscar un remedio específico”. “No es una autorización independiente para fijar un impuesto de forma sustancial a todos los socios comerciales con tasas que quieren replicar el régimen arancelario bajo la ley IEEPA que ya fue invalidado”, se lee en la demanda.
El caso se encuentra todavía en una etapa inicial. Pero la corte comercial y, luego, un tribunal de apelaciones fallaron ambos contra los aranceles bajo la ley IEEPA. Por ello fue que Trump acudió entonces al Supremo.
La pelea para limitar la ciudadanía por nacimiento
Otra pieza central del Gobierno de Trump es restringir quién debe ser considerado un ciudadano de Estados Unidos. El Supremo le aclaró en junio que los niños que nacen en Estados Unidos con padres que estén de forma ilegal o temporal en el país “están sujetos a la jurisdicción” estadounidense y son ciudadanos bajo la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.
Pero, nuevamente, la Administración ha buscado una forma distinta para lograr su objetivo. La semana pasada, Trump firmó dos órdenes ejecutivas: una exige a las agencias federales no emitir o aceptar documentos que reconozcan como ciudadanos a ciertos niños nacidos en Estados Unidos de padres no ciudadanos; y otra pide a los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional negar visas a quienes crea que entran al país para tener un hijo.
Steve Vladeck, profesor experto en Derecho Constitucional en la Universidad de Georgetown y en asuntos de la Corte Suprema, escribió en un análisis que el Gobierno combinó el lenguaje de la ley existente con nuevos conceptos. Eso fue lo que hizo, por ejemplo, al considerar a “empleados de gobiernos extranjeros”, no solo a diplomáticos, para negar la ciudadanía a sus hijos nacidos en Estados Unidos.
“Esta provisión es la más fácil de confundir con la ley existente. No lo es. La orden no solo aplica a los diplomáticos que están fuera de la jurisdicción de Estados Unidos porque gozan de inmunidad diplomática. Busca crear una categoría más amplia de ‘empleado de un gobierno extranjero’, incluyendo a empleados de embajadas que sean un nacional del país para el que trabaja. También alcanza a empleados de organizaciones internacionales”, agregó Vladeck.
“Todo esto va mucho más allá de la ley actual. Bajo la práctica establecida, un niño hijo de un funcionario consular, de un funcionario consular empleado localmente o de un empleado administrativo sin inmunidad diplomática es un ciudadano de Estados Unidos al nacer. Así que la sustitución (que hace el Gobierno en el lenguaje de sus órdenes) sí importa”, acotó.
El experto considera que en este momento no queda claro quién podría desafiar estas órdenes en una corte, como ocurrió con el primer decreto que buscó limitar la ciudadanía por nacimiento en enero de 2025. También destacó que, incluso si alguien buscara retar la orden, cualquier protección se le daría solo a esa persona y no de forma amplia. Esto porque el caso sobre la ciudadanía por nacimiento que previamente se vio en el Supremo limitó lo que se conoce como remedios universales que aplican a todos los que puedan verse afectados por una medida.
Los intentos por meterse en la Reserva Federal
Otra pelea que el presidente ha tenido entre ceja y ceja tiene a la Reserva Federal como eje. Primero insultó y amenazó con sacar antes de tiempo al jefe previo del banco central más importante del mundo, Jerome Powell.
La molestia giraba principalmente en torno a la insistencia de Trump para que la Fed recortara su tasa clave de interés. En cierto momento llegó a decir que esa tasa referencial debía estar en un bajísimo 1%, algo que cuando ocurre implica usualmente que la economía está en problemas.
El mandatario luego puso en su mira a Lisa Cook, la primera afroestadounidense en sentarse en la junta de gobernadores que toma las decisiones de política monetaria. El año pasado trató de removerla del cargo con el argumento de presuntas irregularidades en dos hipotecas, algo que ella niega.
De acuerdo con un funcionario aliado del mandatario, Cook dijo en procesos bancarios que dos propiedades, una en Michigan y otra en Georgia, eran su “residencia principal”. La defensa de la economista afirma, por su parte, que se trató de un error ya subsanado.
Pero para Trump, ello equivale a una “causa” suficiente para despedir a Cook. El Supremo le dijo que no podía hacerlo. “La protección frente a un despido de la que gozan los gobernadores de la Reserva Federal es consistente con la Constitución.
Los Fundadores sabían por experiencia las calamidades que pueden surgir siquiera por la ‘sospecha’ de manipulación política de la política monetaria”, escribió el juez presidente, John Roberts, en la opinión de la Corte.
Con su decisión, el máximo tribunal también buscó aclarar que existe una vara muy alta cuando se trata de establecer una “causa” para sacar a un gobernador de la Fed antes de que termine su período. Es clave “si la causa asignada realmente implica que no se está apto para el cargo o si simplemente representa un esfuerzo por asegurarse un reemplazo más amable”, agregó Roberts.
A pesar de la opinión del Supremo, la nueva carta de parte de la Administración de Trump a Cook —fechada el 5 de agosto y en la que le da a la funcionaria 21 días para responder— hace otra vez alegaciones que hasta ahora no han llevado a una imputación formal y son exactamente las mismas que se hicieron el año pasado.
“El Tribunal Supremo determinó que tienes derecho a que se notifiquen las alegaciones en tu contra y se dé la oportunidad de responder a tu remoción. (…) Esta es tu oportunidad para responder”, se lee en la misiva enviada por Daniel Scavino, un asesor de alta jerarquía de la Casa Blanca.
Los abogados de Cook contestaron, por su parte, que retarán cualquier intento adicional del presidente por “interferir con la independencia de la Reserva Federal”.
AM.MX/fm
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