La mayoría de las reflexiones alrededor el escándalo que envuelve la UNAM por el desastre de su examen de admisión en línea se han orientado hacia los alumnos que habrían hecho trampa apoyados en las herramientas de inteligencia artificial para lograr un resultado por encima de sus conocimientos. Sin embargo hay otra vertiente que debe analizarse e investigarse porque de ella depende la condición en que este grave tropiezo deja a la principal universidad pública del país: las responsabilidades al interior de la institución por un proceso fallido que, además de los componentes de la negligencia, para muchos tiene el tufo de la corrupción.
Si los estudiantes hicieron trampa será fácil sancionarlos, pero solo un ciego se podría negarse a ver que el nivel de irregularidades detectado en el concurso de selección apunta a una acción concertada y generalizada que no pudo salir solo de los aspirantes, pues aun con inteligencia artificial de apoyo, responder un examen de tiempo limitado de forma casi perfecta es imposible y una filtración menor nunca habría alcanzado a contaminar a cerca del 90% de los sustentantes. Esa es la cifra señalada por algún especialista que aplicó modelos matemáticos para medir el alcance de la maniobra en el examen.
En la UNAM misma se habla de que alguien, que no puede ser un personaje menor ni haber actuado en solitario, traicionó al rector Leonardo Lomelí y traicionó a la casa académica de una forma y a un nivel que no se había registrado antes. La única manera de explicar la trampa generalizada que indican los primeros análisis es que alguien, algún grupo dentro de la burocracia universitaria por el alcance que tuvo, vendiera el examen y sus respuestas, o se coludiera con la empresa contratada para desarrollar el sistema para, por la vía del proveedor, ejecutar la filtración.
Ya se sabe que algo salió muy mal y que muchos estudiantes se beneficiaron de una maniobra indebida e inadmisible. Lo que en realidad importa ahora, para salvar la cara de la UNAM, es la consecuencia de la trampa. Si se decide que esa consecuencia quede solo en los “aspirantes tramposos”, la percepción generalizada será que una vez más, la casta dorada universitaria, esa a la que tanto criticaba López Obrador cuando renegó de su alma mater, se está protegiendo y quiere cubrirse con el desprestigio de los candidatos que burlaron la “seguridad” del examen.
Esa explicación, que inculpa a los aspirantes y exculpa a la institución y ya tiene adeptos en el debate de las redes sociales, solo servirá para acabar de enterrar el prestigio de la UNAM, todavía muy lastimado por el episodio de la minisitra plagiaria. Si la universidad pretende salir del atolladero, sus cúpulads tendrán que entender que la trampa de los aspirantes es lo de menos, lo único que puede rescatarla es admitir, detectar y perseguir la corrupción de la burocracia universitaria que permitió o propició la fuga de la información académica más delicada que la Universidad tiene: su examen de admisión.
Sancionar hacia dentro y perseguir hacia afuera es la formula de la reivindicación universitaria. Cualquier otra salida sería interpretada como un intento burdo de encubrimiento que pesaría sobre el rector de la institución.
Como se trata de una entidad sui generis por su autonomía, las normas para resolver el asunto asunto y salvaguardar el prestigio de la UNAM, son justo las que integran la Legislación Universitaria, sus normas internas.
X: GarcíaJJavier
javiergarcia@tumanzana.press
