Por: Jesús Solano Lira
Luego de 24 horas de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), diera a conocer el negro panorama que existe en los centros penitenciarios del país, una riña en el penal de Mazatlán, Sinaloa, dejo un saldo de nueve reclusos y un familiar de visita muertos, así como 16 lesionados.
La CNDH descubre el hilo negro en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, en el que admite sobrepoblación, hacinamiento, deficiencias en los servicios de salud, y nulos programas que eviten hechos violentos.
Caray, la crisis en los 278 centros penitenciarios y de re inserción social, la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, se arrastra desde siempre.
Obvio es decir, que el hacinamiento y la lucha por el control de los penales, vulnera todo derecho de los presos, y los arriesga a diversos factores, entre ellos, la violencia desmedida, la humillación, el pago de cuotas y su salud mental.
Y que decir de las afirmaciones de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, que vive en su mundo de fantasía y color de rosa.
La funcionaria dice el qué, pero no el cómo. Asegura que se debe transitar hacia un sistema penitenciario humanista, es neta, así lo propuso.
La pregunta es, cómo tenerlo, cuando en las cárceles conviven asesinos, violadores, asaltantes, narcotraficantes y secuestradores, entre otros delincuentes.
Además, dijo que ese sistema debe ser justo, y que priorice el mejoramiento de las condiciones de vida de los reos, y sirva de preparación para cuando recuperen la libertad.
En el ejercicio del periodismo, me encontré con infinidad de casos de reos que lograban su libertad, tras cumplir una condena, pero ante la falta de un proceso de re inserción, volvían a delinquir.
Lo ocurrido en Sinaloa, es prueba del deficiente y rezagado sistema penitenciario del país, donde, incluso, operan verdaderos Call Centers, que hacen llamadas de extorsión.
Sin lugar a dudas, desde hace décadas, Sinaloa ha enfrentado serios problemas en seguridad penitenciaria, y los constantes incidentes en sus penales, evidencian que las autoridades no tienen capacidad para mantener el orden y garantizar los derechos de los reclusos.
Los hechos de violencia en el penal de El Castillo, en Mazatlán, ocurrieron en plena visita familiar, lo que evidencia la fragilidad de la seguridad en los penales.
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