A LA TERCERA
Por Francisco Salgado
No, no se trata de ninguna persecución política la defensa que hace el senador de Morena, Waldo Fernández, de su reputación, con el encarcelamiento de la funcionaria priista, Karina “N”, quien orquestó toda una infamia con una falsa acusación de violación y que puso en entredicho la fama pública del legislador, firme aspirante a la gubernatura de Nuevo León.
Es más, ahora se sabe, ni siquiera la denuncia fue en contra de ella. Se supo que ella fue la instigadora, derivado de las investigaciones de la Fiscalía General de la República.
La política mexicana suele ser un terreno pantanoso, pero lo ocurrido con Waldo Fernández traspasó la frontera de la competencia electoral para internarse en la perversión criminal. No se trató de una «guerra sucia» convencional; fue la construcción de una infamia diseñada para destruir no solo una carrera, sino la dignidad de un ser humano y la estabilidad de su familia.
Hoy, tras la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), la verdad emerge con nombres y apellidos. La detención y prisión preventiva dictada contra Karina “N” —exdiputada del PRI y, hasta hace unos días, funcionaria de primer nivel en Monterrey—, junto a Deborah «N» (la supuesta víctima) y el abogado Gustavo «N», marca el fin de una mentira que pretendía costar millones de pesos y la libertad de un inocente.
Sin embargo, más allá de la necesaria justicia penal, este caso debe ser un punto de inflexión legislativo y social.
Es alarmante que una denuncia sin sustento médico ni pericial fuera utilizada como arma de extorsión. Necesitamos leyes que castiguen con severidad máxima la falsedad de declaraciones y el cohecho. Quien fabrica un delito de violencia sexual no solo ataca a un hombre inocente; afecta la credibilidad de las mujeres que sí sufren agresiones y que hoy ven su lucha trivializada por mercenarios electorales.
El escarnio que vivieron las hijas y la familia de Waldo Fernández es el resultado de una sociedad que, a veces, confunde la solidaridad con el linchamiento. Debemos proponer una cultura de presunción de inocencia responsable. El caso de Waldo demuestra que el juicio sumario en redes es una herramienta de manipulación que el «viejo régimen» sigue usando para intentar anular al adversario cuando no puede vencerlo en las urnas.
La inoperancia de la Fiscalía de Nuevo León, encabezada entonces por Pedro Arce Jardón, frente a este montaje, es una señal de alerta. Si un senador tuvo que acudir a instancias federales para no ser víctima de una trama local, ¿qué esperanza tiene el ciudadano común? Es urgente una reforma que evite que las fiscalías estatales operen como brazos ejecutores de grupos políticos o como cómplices de extorsionadores.
El aprendizaje: La determinación de Waldo Fernández al no ceder al chantaje —se habla de un intento de extorsión por 5 millones de pesos— y optar por la ruta de la legalidad, debe sentar un precedente. La mentira no puede ser la moneda de cambio en nuestra democracia.
Al final, el estigma no será para quien fue falsamente acusado, sino para quienes, desde las siglas del PRI, traicionaron la causa de las mujeres para fabricar una tragedia. La justicia llegó por fin, pero la tarea de limpiar el sistema apenas comienza.
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