Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Y es que, hay quién afirma que,
si Morena gana la elección para
gobernador en el Estado de México,
tendrá casi amarrada la
elección presidencial de 2024.
La promesa de campaña que quizás más entusiasmó a quienes votaron por el candidato Andrés Manuel López Obrador, fue la del combate a la corrupción. Sin embargo, tras casi cuatro años de su gobierno, poco se puede decir de las acciones enderezadas para sancionar a quienes, en el pasado, abusaron de sus cargos públicos para enriquecerse y, cuando ha sido el caso, el ritmo de las denuncias, investigaciones y procesos se ajusta a las circunstancias políticas del momento. Pero tampoco se ve mucho ánimo para cuidarles las manos a funcionarios de Morena, cuando más, se les quita del cargo, sin ninguna investigación posterior. La tolerancia en este campo es de llamar la atención.
Desde el inicio de esta administración, para tener un mejor control político en la gobernanza, se buscó neutralizar o anular a quiénes podrían significar cierta resistencia para los propósitos de la 4T. La fórmula para lograrlo, no era complicada, abrir investigaciones sobre la situación patrimonial de los ex funcionarios públicos, resultó una amenaza persuasiva y muy efectiva. Una medida que ha funcionado también para lograr triunfos electorales. Y, en esas estamos.
En este ejercicio de la aplicación de justicia, al estilo de la Cuarta Transformación, en días pasados le tocó el turno al ex presidente Enrique Peña Nieto ser exhibido en la pasarela de la mañanera, como sujeto a una investigación de operaciones de procedencia ilícita por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Su titular, Pablo Gómez, habría informado que, la denuncia penal correspondiente sería presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), entidad competente de investigar el probable delito.
Pero esta indagatoria, contra lo que pudiera pensarse, no es algo nuevo. Nos recuerda el antecesor de Pablo Gómez en la UIF, Santiago Nieto, que desde septiembre de 2020 ya se investigaba al ex mandatario, habiendo “reportado previamente (la información) a diversas autoridades competentes”, según lo escribió en su twitter el de Querétaro.
El caso es que la información se archivó y tuvieron que pasar casi dos años para que, casualmente, ahora que los tiempos político-electorales de la segunda mitad del sexenio, demandan una estrategia de choque contra las oposiciones, el tema se pusiera en la agenda. La decisión de continuar con la investigación, pareciera estar motivada más, por un interés político, que por el de combatir posibles actos de corrupción.
Todo esto ocurre en el siguiente contexto. De acuerdo con el calendario electoral del presente sexenio, sólo dos entidades faltan por renovar sus gubernaturas, Coahuila y el Estado de México. Procesos que se llevarán a cabo el 4 de junio de 2023.
Se trata de las únicas entidades sin alternancia, en las que el tricolor ha mantenido su hegemonía. Dos baluartes del otrora partidazo. En particular, el Estado de México, de gran importancia para la economía del país, pues aporta el 9.1 por ciento del PIB nacional; cuenta con el mayor padrón electoral, con poco más de 12 millones de electores, y es cuna del ex presidente Enrique Peña Nieto. Una verdadera joya de la corona.
Aunque la tradición y el arraigo priista en el Edomex se encuentra un tanto disminuido, es de suponer que el ex presidente conserve cierta influencia sobre la clase política mexiquense. Bajo esta consideración, el amago de una investigación penal en su contra, de parte del gobierno, podría tomarse como un mensaje persuasivo para que el ex mandatario recomiende a sus coterráneos facilitar la alternancia en los próximos comicios locales. Algo similar a lo que otros gobernadores priistas, han hecho. Y es que, hay quién afirma que, si Morena gana la elección para gobernador en este estado, tendrá casi amarrada la elección presidencial de 2024.
La especulación ayudaría a explicar el que, repentinamente, se haya desempolvado la investigación que comentamos y que, ésta, sea considerablemente módica, cuando las constantes denuncias, sin seguimiento, y acusaciones, sin pruebas, por corrupción en contra del gobierno anterior, refieren sumas estratosféricas de desvío de recursos y no de algunos pesos. Esto no significa que no haya habido una corrupción desmedida en el pasado reciente, pero evidencia que el combate a la corrupción es selectivo y se aplica a conveniencia política.
Lo anterior puede ser sólo una advertencia. Habrá que esperar a ver, si para la madre de todas las elecciones, en 2024, no se esté reservando una investigación, esa sí de otra dimensión, con todo y denuncia penal en contra del mexiquense, como parte de la estrategia de campaña de Morena para la elección presidencial.
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