CIUDAD DE MÉXICO.— La Fiscalía General de la República (FGR) localizó y aseguró dos bodegas con documentación estratégica perteneciente a la empresa Ingemar, firma en la que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, figura como accionista mayoritario y fundador. El hallazgo arroja luz sobre el modus operandi de una compleja estructura de “huachicol fiscal” que operaba a través del sistema ferroviario nacional.
⇒ El operativo fue encabezado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes ejecutaron una orden de cateo en un inmueble localizado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la capital del país.
Durante un mensaje transmitido en plataformas oficiales, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, precisó que entre el material decomisado se encuentran actas de asambleas, contratos mercantiles y pedimentos de importación que darían cuenta de la simulación de operaciones de comercio exterior realizada por los presuntos integrantes del entramado.
Godoy Ramos explicó que la información recabada no solo fortalece las pesquisas actuales, sino que abrirá nuevas líneas de investigación relacionadas con otros esquemas delictivos de la misma red criminal, a la que están vinculadas formalmente 25 personas, de las cuales nueve ya se encuentran detenidas.
El origen: la ruta del huachicol sobre rieles
La empresa Ingemar se encuentra conectada con al menos 11 compañías más, todas bajo la lupa de las autoridades por su probable participación en el aseguramiento histórico de julio de 2025. En aquella ocasión, se interceptaron más de 15 millones de litros de combustible provenientes de Estados Unidos que cruzaron de forma irregular por la aduana de Matamoros, Tamaulipas, para ser resguardados en ferrotanques dentro de patios ferroviarios de Saltillo y Ramos Arizpe, en Coahuila.
Situación jurídica y rechazo a quejas de la defensa
Respecto a la condición legal de Ruffo Appel —quien permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, El Altiplano—, la fiscal general aclaró que la institución no cuenta con notificación oficial alguna sobre una solicitud para modificar la prisión preventiva oficiosa por arresto domiciliario.
Asimismo, Godoy Ramos enfatizó que al exmandatario se le garantizan todos los cuidados médicos y el respeto cabal a sus derechos humanos en el penal, descartando señalamientos de malos tratos. A la par, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca desechó dos demandas de amparo promovidas por la defensa del político en las que acusaba presunta incomunicación y tratos indebidos.
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AM.MX/dsc
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