Luis Alberto García / Cdmx
 
*Críticas y observaciones al mal diseño de programas
*Se debe replicar un mayor presupuesto público.
*Además, la restauración ecológica de riberas y zonas de uso.
*También la reproducción asistida a la fauna en peligro.
*Existe el Centro de Recuperación de la Guacamaya Roja.
*Incremento poblacional documentado del 30% en Yaxchilán.
 
Lo que muestra el caso propuesto por Natura y Ecosistemas Mexicanos (NEM) es que, cuando existe inversión sostenida, fortalecimiento de capacidades locales y vigilancia con presencia constante, la pérdida de la masa forestal en la selva de Chiapas puede contenerse.
Aunque lo que falta es, sin duda alguna, que ese modelo se replique con presupuesto público equivalente en las hectáreas que hoy no tienen ese acompañamiento.
A partir de 2010, el programa REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) se implementó en México como mecanismo asociado a mercados internacionales de carbono.
La lógica es que las comunidades reciben pagos por conservar sus bosques y selvas, financiados por compradores de créditos de carbono. En Chiapas, la implementación del programa ha sido cuestionada de manera reiterada por Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC.
Y también por organizaciones del sureste mexicano, que han señalado públicamente que el dispositivo opera en la práctica como un mecanismo de “privatización del aire de los bosques” y limita el acceso comunitario a recursos forestales.
La crítica de fondo no es contra la idea de pagar por la conservación, sino contra el diseño institucional de los programas, que tienden a centralizar decisiones, condicionar el uso del territorio y dejar a las comunidades en posición de receptoras pasivas en vez de gestoras del bosque.
Las investigaciones del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Sureste (CIESAS Sureste) y de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) coinciden en que la conservación efectiva en la Lacandona requiere reconocer el papel histórico de las comunidades como guardianas del territorio.
En tres tomos de su obra sobre el tema, el historiador Jan de Vos describió la historia de la Lacandona como tres olas sucesivas de extracción y población donde la frontera entre lo legal y lo ilegal se mantuvo siempre porosa.
Lo primero fue la concesión maderera oficial, luego la tala clandestina; siguió la colonización promovida por el Estado y luego fue invasión a área protegida; pero la selva paga por una incoherencia institucional acumulada durante más de un siglo.
Obligada es la lectura del trabajo historiográfico de Jan de Vos sobre la Selva Lacandona, autor de la obra de referencia sobre el proceso histórico de tala y colonización de la región, el cual revela conflictos agrarios tampoco se nombraban.
La Reserva de la Biosfera Montes Azules tiene en su polígono asentamientos humanos previos al decreto de 1978, y la Comunidad Zona Lacandona, reconocida por el decreto de 1972, comparte territorio con otros grupos campesinos e indígenas que llegaron como parte de migraciones internas alentadas por el propio gobierno federal entre las décadas de 1950 y 1970.
El conflicto entre figuras agrarias (ejido, propiedad comunal, pequeña propiedad), de conservación (área natural protegida, zona de uso restringido) y derechos históricos de las comunidades indígenas, sigue sin resolverse de fondo.
En conclusión, como ejemplo existe el caso de los tres poblados de la Cuenca del Río Negro, afiliados a la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones Independiente y Democrática (ARIC-UU-ID) que ilustra el problema:
Viven dentro de la zona de uso restringido de la REBIMA y han buscado durante décadas la regularización de su tenencia sin obtener respuesta gubernamental clara.
En esos contextos, el discurso oficial que culpa al “campesino indígena que tumba selva para sembrar maíz” omite que la mayoría de esas familias no decidió estar ahí: fueron colocadas o llegaron como parte de proyectos de poblamiento previos.
Lo que queda por preguntar.- La narrativa oficial de la deforestación en la Lacandona suele centrarse en la responsabilidad del campesino indígena que abre milpa o que vende madera de manera clandestina.
Esa parte del fenómeno existe y está documentada. Lo que esa narrativa omite es la cadena agroindustrial más grande —palma africana, ganadería extensiva, permisos forestales legales sin vigilancia— que opera con marco institucional y cuyos consumidores finales están lejos de Chiapas.
La pregunta de fondo es cuándo la política pública chiapaneca y federal va a fiscalizar de manera efectiva esa cadena, reconocer los derechos territoriales históricos de las comunidades, y replicar a escala suficiente los modelos que sí están funcionando para conservar las 500 mil hectáreas restantes.
 
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