Además de esta ley de carácter nacional, el Gobierno de la Ciudad de México puso a consulta un plan de ordenamiento metropolitano que va contra terrenos baldíos y terrenos con construcción precaria
CDMX.- Avanza en el Congreso el análisis y el mayoriteo de Morena para la aprobación de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral que promueve directamente la mandataria Claudia Sheinbaum, la cual ha sido denominada como el «predialazo» en el país, al preverse que el impuesto del predial aumentará en detrimento de la economía familiar y su recaudación se centralizará para tener un fondo más en poder del gobierno 4T, denominado humanista.
Opositores y algunos especialistas advierten que actualizar los valores catastrales para acercarlos a los valores reales del mercado inmobiliario derivará, en la práctica, en un incremento en el cobro del impuesto predial, al doble o más de lo que se paga.
EL diputado Federico Döring señaló a Claudia Sheinbaum y a la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada de impulsar un «nuevo asalto, un nuevo atraco y un nuevo despojo a la propiedad privada».
Es decir, la iniciativa plantea dar el control técnico y de plataformas a dependencias federales (como la Sedatu y la Agencia de Transformación Digital), lo que vulnera la autonomía de los municipios, que históricamente gestionaban sus propios catastros.
De manera que los estados pueden perder su autonomía para recaudar el impuesto predial, como lo establece actualmente el Artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: los municipios tienen el derecho exclusivo de percibir las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria (suelo y construcciones), así como de realizar su actualización catastral y su recaudación.
En la votación en lo particular, el proyecto fue avalado con 299 votos a favor de Morena y sus aliados PT y PVEM; 92 en contra por los partidos PRI, PAN y MC; con cero abstenciones, con modificaciones. Entre las reservas aprobadas está la presentada por la diputada Elena Edith Segura Trejo, de Morena, la cual establece facultades a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) como autoridad catastral y registrales.
Dentro del proyecto, turnado al Senado para su análisis legislativo, se menciona que la Sedatu podrá coordinarse con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dentro de sus respectivas competencias, para cumplir los objetivos de la nueva
De manera oficial se plantea que la nueva ley establece criterios en materia catastral y los Registros Públicos de la Propiedad. El propósito es contar con datos confiables sobre los inmuebles y sus propietarios, evitar registros contradictorios y reducir trámites, errores o inconsistencias que pueden derivar en conflictos legales, juicios prolongados y actos de corrupción.
Entre sus principales herramientas se contempla una clave única catastral para identificar cada inmueble, además de planes nacionales, criterios homologados y mecanismos digitales de coordinación entre las autoridades. El nuevo marco también plantea una mayor coordinación entre estados y municipios, pero sin quitarles sus atribuciones.
A nivel municipal, se busca la implementación de una plataforma que homologue procesos, mientras que la administración de los datos y las responsabilidades seguirán bajo competencia de las autoridades locales. La ley no crea nuevos impuestos ni modifica las facultades de los municipios y estados para cobrar el predial; tampoco centraliza los catastros en la Federación.
Al presentar el dictamen en Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT) sostuvo que se trata de una legislación de alto interés público porque una vivienda, un terreno o cualquier inmueble representan años de trabajo y no deben quedar sujetos a información contradictoria, trámites innecesarios o decisiones discrecionales.
Explicó que la propuesta, derivada de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, permitirá detectar oportunamente discrepancias entre catastros y registros para corregirlas conforme a la ley y evitar que estas irregularidades deriven en litigios, sobornos o corrupción inmobiliaria.
Por su parte, el diputado Arturo Yáñez Cuéllar (PRI) alertó sobre el posible efecto de la actualización catastral en el monto que pagan las familias por sus propiedades. Señaló que el valor catastral es uno de los elementos que se toman como referencia para determinar el predial y cuestionó que una eventual actualización del valor de los inmuebles pueda terminar repercutiendo en el bolsillo de los contribuyentes.
Según la la diputada Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno (Morena) la homologación de criterios catastrales no implica quitar atribuciones a estados y municipios. Explicó que la propuesta busca establecer una base común para facilitar el intercambio de información, mientras cada autoridad mantiene las competencias que le corresponden.
Además de esta ley de carácter nacional, el Gobierno de la Ciudad de México, que preside Clara Brugada, puso a consulta un plan de ordenamiento metropolitano que se va contra las casas donde la construcción vale menos que el terreno y los predios baldíos, que deben ser registrados y habrá un plazo para que se construya algo ahí o de lo contrario se irán a subastas o regulaciones como predios baldíos; por ello comités vecinales hablan de expropiación masiva de terrenos y predialazos que las familias no podrán cubrir por la carencia de fondos en la economía del hogar.
