Hasta la semana pasada, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) ha encubierto, era cómplice y viola la Ley Federal del Trabajo (LFT) al no obligar el cumplimiento de la misma para que Alejandro Martínez Araiza sea obligado a rendir cuentas. El objetivo manifiesto de este encubrimiento es ocultar el destino de casi 600 millones de pesos, recursos que son producto de las cuotas de los trabajadores y de la venta del patrimonio inmobiliario del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC).
La inacción y negligencia institucional es alarmante. Héctor Josué Arcos Balderas, actual director interino del CFCRL, mantiene en la congeladora, desde el 1 de agosto, el expediente público (10/02788 del SNAC). En este documento legal oficial se obliga a Martínez Araiza a rendir cuentas del dinero de los trabajadores, repetir la elección fraudulenta del 2025 y revocar la toma de nota por violaciones sistemáticas a la Ley Federal del Trabajo.
Como se ha detallado con precisión a través de múltiples denuncias, hasta el viernes de la semana pasada en el CFCRL no existía prueba documental pública —ya sea resolución, acuerdo o comunicado oficial— firmada por Arcos Balderas en que se cumple lo que establece el artículo 373 de la LFT. Dicho artículo es imperativo y muy claro al señalar que el secretario del SNAC debe entregar la documentación exhaustiva de rendición de cuentas sobre la administración del patrimonio sindical.
Esta red de protección tiene raíces profundas que provienen de la administración pasada. Alfredo Domínguez Marrufo, antes de abandonar el cargo de director en julio de 2026, simplemente exhortó, pero no obligó, a que Martínez Araiza cumpliera con la ley. En un acto de debilidad institucional inaceptable, el funcionario reconoció que el expediente estaba incompleto bajo la excusa de que la autoridad laboral no había logrado convencer al dirigente sindical a cumplir la ley.
Otra violación a la LFT que cometió Domínguez Marrufo, el ex funcionario amigo de Arturo Alcalde, fue que en mayo de 2025 entregó la toma de nota a sabiendas que un grupo de trabajadores del SNAC documentaron y presentaron a la autoridad laboral pruebas contundentes de que la elección había sido fraudulenta. Este escandaloso fraude electoral, como se ha expuesto legalmente por la disidencia, acumula 11 causales de nulidad que contravienen frontalmente los principios constitucionales de libertad sindical y las normativas internacionales.
El nivel de desatención del CFCRL llega al grado de la burla para las bases obreras. El 11 de septiembre es la última fecha que el CFCRL actualizó el expediente del SNAC, y de forma indignante, se refiere únicamente a un contrato de revisión salarial de un contrato con Mondelez México, ignorando por completo la exigencia de transparencia del millonario desfalco.
Hoy, el gobierno federal a través del CFCRL que encabeza Héctor Arcos Balderas, sigue violando la Ley Federal del Trabajo y operando en incumplimiento con miles de trabajadores. Estos obreros exigen de manera impostergable saber dónde están los más de 550 millones de pesos de cuotas sindicales y de la venta del patrimonio inmobiliario que los trabajadores crearon hace más de 50 años.
El contexto de este robo es aún más agravante cuando se analiza la conducta de Martínez Araiza. Mientras miles de familias exigen justicia y el esclarecimiento de estos fondos, Alejandro Martínez Araiza derrocha las cuotas sindicales en lujos excesivos a costa de los obreros. Aislado políticamente de la CTM y exhibiendo un nulo respaldo de verdaderos liderazgos como Tereso Medina, Araiza se ha convertido en una amenaza para el sector.
En el marco de la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mantener a un líder que desacata el Artículo 373 de la LFT y que opera respaldado por una toma de nota fraudulenta representa un riesgo comercial y sistémico de altísimo nivel. Las empresas multinacionales a las que el SNAC presta sus servicios están rigurosamente sujetas al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) y a leyes anticorrupción como la FCPA. Tolerar y proteger a un dirigente señalado por la desaparición de casi 600 millones de pesos y por secuestrar la democracia de su gremio, expone a toda la cadena de distribución de alimentos a quejas, sanciones arancelarias y graves bloqueos internacionales. La autoridad debe intervenir, cancelar el registro y auditar de inmediato las arcas del SNAC.
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