WASHINGTON, D.C.- El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, impulsó una estrategia para expandir las operaciones de la CIA en México, específicamente en el estado de Chihuahua. De acuerdo con una investigación publicada por The New York Times el 10 de noviembre de 2026, el objetivo era crear una unidad de fuerzas especiales que operara en territorio mexicano, entrenando y colaborando con policías estatales para combatir al crimen organizado.
Esta acción se realizó en el marco de la política denominada “Shield of the Americas”, que buscaba clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y justificar una mayor intervención estadounidense en la región.
La operación se mantuvo en secreto durante más de seis meses, periodo en el que agentes de la CIA trabajaron de la mano con Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua. Zuany fue pieza clave, ya que facilitó el acceso de los agentes estadounidenses a las fuerzas locales y coordinó misiones tácticas en la zona. Según testimonios recabados por el NYT, los agentes de la CIA incluso llegaron a portar uniformes de policías estatales para pasar desapercibidos durante sus actividades.
El caso cobró notoriedad pública tras un accidente automovilístico ocurrido en abril de 2026 en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos agentes de la CIA y dos funcionarios mexicanos. Este hecho destapó la colaboración encubierta y generó una ola de cuestionamientos sobre la legalidad y la soberanía nacional.
La colaboración entre la CIA y autoridades mexicanas inició formalmente en el otoño de 2025. El exfiscal Guillermo Arturo Zuany Portillo fue el enlace principal, pese a que estaba bajo investigación del FBI por presuntos vínculos con el crimen organizado y tenía su visa estadounidense cancelada. Sin embargo, Zuany recuperó su visa a cambio de cooperar con la agencia de inteligencia estadounidense, lo que le permitió viajar y coordinar acciones binacionales.
Durante la operación, al menos cuatro agentes de la CIA participaron activamente en misiones tácticas en la comunidad de El Pinal, en Chihuahua. Además, se sabe que los agentes estadounidenses proporcionaban inteligencia operativa, capacitaban a policías estatales y, en ocasiones, participaban directamente en operativos de campo. Nueve funcionarios de ambos países ofrecieron testimonios para la investigación periodística, confirmando la profundidad de la colaboración.
El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, también fue señalado por permitir estas operaciones sin la autorización federal requerida. Jáuregui fue detenido en octubre de 2026, acusado de violar la soberanía nacional y de facilitar la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano.
La revelación de la presencia de la CIA en Chihuahua provocó una fuerte reacción del gobierno mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum había advertido previamente que cualquier intervención de fuerzas de seguridad estadounidenses en México representaría una violación a la soberanía nacional.
Tras el accidente en la Sierra Tarahumara y la exposición pública de la operación, Sheinbaum reiteró su postura y promovió reformas constitucionales para prohibir expresamente las operaciones de campo de agencias extranjeras sin autorización federal.
La estrategia de la administración Trump, que buscaba etiquetar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, fue vista en México como una amenaza directa a la autonomía y un intento de justificar una mayor injerencia estadounidense. Este episodio se suma a una larga historia de tensiones bilaterales en materia de seguridad y cooperación antinarcóticos, donde la línea entre colaboración y violación de la soberanía ha sido motivo de debate constante.
¿Cuáles fueron las consecuencias legales y políticas?
El escándalo derivado de la operación secreta tuvo consecuencias inmediatas. El exfiscal César Jáuregui fue arrestado y enfrenta cargos por permitir la presencia de agentes extranjeros sin el aval del gobierno federal. Por su parte, Guillermo Arturo Zuany Portillo quedó bajo la lupa de las autoridades mexicanas y estadounidenses, debido a sus antecedentes y su papel como facilitador de la CIA.
A nivel político, el caso fortaleció la postura del gobierno mexicano en defensa de la soberanía y aceleró la aprobación de reformas legales para limitar la actuación de agencias extranjeras en el país. La presidenta Sheinbaum enfatizó que la seguridad nacional es un asunto exclusivo de México y que cualquier colaboración internacional debe regirse por acuerdos claros y transparentes.
¿Qué implica este caso para la relación México–Estados Unidos?
La revelación de la operación secreta de la CIA en Chihuahua marca un nuevo capítulo en la compleja relación bilateral en materia de seguridad. Si bien ambos países comparten el objetivo de combatir al crimen organizado, la forma en que se lleva a cabo la cooperación es motivo de constante fricción. La administración Trump apostó por una estrategia más agresiva, mientras que el gobierno mexicano ha insistido en la necesidad de respetar la soberanía y las leyes nacionales.
Este caso podría tener repercusiones a largo plazo en la manera en que México y Estados Unidos negocian y ejecutan acuerdos de seguridad. La exigencia de transparencia y respeto mutuo será clave para evitar nuevos episodios de tensión y garantizar que la colaboración no se traduzca en injerencia o violaciones legales.
¿Por qué importa este tema para México?
La presencia encubierta de agentes extranjeros en territorio nacional es un tema de alta sensibilidad para la sociedad mexicana. Más allá de la lucha contra el crimen organizado, está en juego el respeto a la soberanía nacional, la legalidad de las acciones gubernamentales y la confianza en las instituciones.
Casos como el de la CIA en Chihuahua evidencian los riesgos de permitir operaciones sin supervisión y la importancia de establecer límites claros en la cooperación internacional.
Para la ciudadanía, este episodio subraya la necesidad de exigir transparencia a las autoridades y de mantenerse informada sobre las acciones que pueden afectar la seguridad y la autonomía del país. La vigilancia periodística y la rendición de cuentas son fundamentales para evitar abusos y proteger los intereses nacionales.
AM.MX/lm
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