CIUDAD DE MÉXICO.— El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) encendió las alertas en el Congreso al confirmar la apertura de múltiples expedientes por presuntas redes de corrupción, contratos irregulares y conflicto de interés al interior del organismo.
En un informe entregado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el titular del OIC, Víctor Hugo Carvente, detalló que se investiga a por lo menos 15 servidores y exservidores públicos, además de ocho personas físicas y 18 morales, en medio de la tormenta política desatada tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE.
Las pesquisas, detonadas tras una serie de críticas por la opacidad en el manejo de proveedores cercanos a la exfuncionaria, abarcan un total de 16 expedientes iniciados entre 2025 y 2026 —11 de ellos enfocados directamente en contrataciones públicas—, a los que se suman otras 25 investigaciones derivadas de seis auditorías y ocho revisiones de control.
INE ¡Las investigaciones comenzaron hace meses!
El contralor del INE, Víctor Hugo Carvente, informó que existen 41 investigaciones por presuntas irregularidades, relacionadas con contrataciones, conflictos de interés y posibles anomalías en el manejo de recursos.
Las indagatorias incluyen a 15 funcionarios y exfuncionarios y 18 empresas.
El contralor ya había informado de algunos hallazgos ante diputados en septiembre. Sin embargo, siguen las preguntas: ¿a quién más notificó, qué medidas tomó y por qué no se presentaron antes las denuncias correspondientes?
¿Debe el contralor comparecer ante la Cámara de Diputados para explicar qué sabía, desde cuándo y qué hizo al respecto?
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— Rogelio Buenrostro (@buenrostror) October 27, 2026
Radiografía de las anomalías: del enriquecimiento ilícito a la colusión
De acuerdo con el oficio INE/OIC/0182/2026, el abanico de conductas bajo la lupa incluye faltas graves que van desde la simulación en requisitos de contratación y el abuso de funciones hasta el daño patrimonial y el posible desvío de recursos públicos.
El Órgano detectó patrones preocupantes en los procesos de fiscalización realizados entre el 1 de diciembre de 2024 y el mayo de 2026 en áreas clave como la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Dirección Ejecutiva de Administración y la Unidad Técnica de Fiscalización. Entre los hallazgos destacan:
• Documentación falsa o alterada: Presentación de papeles apócrifos y simulación en el cumplimiento de requisitos de ley.
• Falta a la veracidad: Ocultamiento de posibles conflictos de interés y discrepancias patrimoniales, configurando líneas de investigación por enriquecimiento ilícito. El órgano confirmó que ya existen elementos probatorios en tres de cuatro casos analizados bajo esta vertiente.
• Incapacidad operativa: Contratación de empresas fantasma o morales que carecen de la solvencia técnica y económica requerida.
• Incumplimiento fiscal y laboral: Inconsistencias graves en el cumplimiento de obligaciones de seguridad social por parte de los proveedores.
Sanciones vigentes y el caso “Bell-Krom”
A la par de las indagatorias en curso, el informe detalla que desde enero de 2025 se han aplicado 20 sanciones administrativas —remitidas en los casos graves al Tribunal Federal de Justicia Administrativa— que comprenden 19 inhabilitaciones (14 a exfuncionarios y cinco a particulares), una suspensión temporal de empleo y multas económicas acumuladas por 1.6 millones de pesos.
Entre los casos emblemáticos figura la inhabilitación, el pasado 2 de octubre, de la empresa Bell-Krom, S.A. de C.V., la cual incumplió con la entrega de 25 mil 302 chamarras destinadas al personal de campo (capacitadores y supervisores) del Proceso Electoral Federal 2023-2024.
Hacia una fiscalización unificada frente a los OPLE
Uno de los flancos más vulnerables expuestos por el Órgano Interno de Control radica en las profundas disparidades de precios y criterios técnicos entre el INE y los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) al adquirir bienes y servicios similares.
Ante este escenario, el organismo propuso formalmente a la Cámara de Diputados la creación de una política nacional de regulación en materia de contratación electoral, que establezca un marco normativo común, precios de referencia y catálogos homologados. Asimismo, urgió a consolidar una estrategia nacional de fiscalización que articule al OIC con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los órganos de control estatales.
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AM.MX/dsc
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