Israel Mendoza Pérez
@imendozape
Pese a que lo quiera negar, ahí están las fotos, ahí están los vídeos. Las lluvias recientes en Nuevo León desnudaron, una vez más, la prisa, la improvisación y el barniz dialéctico con el que el gobernador Samuel García pretende disfrazar su gestión de modernidad y gobierno novedoso. Bastaron un par de tormentas para que la tan cacareada Línea 4 del Metro mostrara sus primeros estragos y dejara al descubierto deslaves y fallas estructurales a escasos meses de haber sido inaugurada.
Un escenario idéntico al del desplomado Parque Lineal en la Avenida Constitución o los alarmantes deterioros en el puente peatonal frente a la Estación Obispado, obras vendidas a bombo y platillo que hoy lucen deshechas y exhiben la vulnerabilidad de la infraestructura regia.
El problema no es únicamente que el agua se lleve el asfalto y ponga en peligro a ciudadanos; el problema es la narrativa. El gobierno de Nuevo León construyó un discurso donde los grandes proyectos de movilidad y desarrollo urbano eran presentados como hitos de vanguardia internacional, pero la realidad en la calle demuestra algo muy distinto. Obras patito, hechas al vapor y sin el rigor técnico necesario.
Y es que sí. Del discurso al hecho hay un abismo. La estética para redes sociales le gana de calle a la seguridad, la durabilidad y la calidad de los materiales. A este colapso de concreto y varilla se le suma una profunda crisis de confianza con el sector productivo local. La presión mediática sobre el mandatario estatal alcanza niveles críticos, a tal grado que alcaldes, legisladores y líderes empresariales han tenido que recurrir directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum para pedir la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, de Aureliano Hernández, y hasta de la FGR, de Ernestina Godoy.
Lo que hay detrás del gobierno de Samuel García son una cauda de denuncias que no son menores, pues se señala a la administración estatal por presuntas extorsiones, acoso institucional y la retención indebida de recursos que asfixian a la iniciativa privada. Para muestra, basta mencionar uno de los casos más escandalosos de este clima de intimidación, como el que dijo vivir la empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar). Desde principios de año, la compañía denunció supuestos actos de extorsión y presiones financieras que escalaron con la difusión de audios sobre presuntos cobros de hasta 50 millones de pesos, lo que salpicó incluso al ámbito legislativo local. Por si fuera poco, inspecciones insólitas de más de 20 horas consecutivas a sus instalaciones confirman el uso del aparato estatal y de la Secretaría de Medio Ambiente como un garrote de presión contra el empresariado, mientras se venden programas ambiguos como «Ponte Nuevo» que prometen un sospechoso «trato preferencial».
Entre puentes que se caen, metros golpeados por el agua y empresarios arrinconados por el acoso oficial, Nuevo León exhibe una severa fractura institucional. Samuel García presume récords de inversión extranjera en sus discursos, pero hacia adentro, la ciudadanía padece las consecuencias de una gestión fachada. Sin control de calidad en la obra pública y sin garantías mínimas para la certidumbre jurídica, el sello de la casa quedó al descubierto.
