Con la nueva ley, habrá más cautivos del fisco y de la ciberdelincuencia
Por Bárbara Heredia
Según el el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, no buscan perjudicar al pueblo de México con la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos que hizo la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum,y aprobaron rapidito los legisladores de Morena en el Congreso, por lo que será ley vigente en cuanto se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con los riesgos que implica para la gente: fraudes cibernéticos, fiscalización, pago obligatorio de comisiones a bancos, acceso a Internet no seguro y registro obligatorio de datos en sistemas susceptibles de ser hackeables.
- 8 de septiembre de 2026: El Ejecutivo Federal presentó la iniciativa ante la Cámara de Diputados.
- 6 de octubre de 2026: La Cámara de Diputados aprobó el dictamen en lo general y en lo particular.
- 20 de octubre de 2026: El Senado de la República aprobó la minuta y la remitió al Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación en el DOF.
El senador de Morena insiste que esa ley no es contra el pueblo de México, sino para cerrarle el paso al crimen organizado, a quienes lavan dinero y no pagan impuestos. «Es para castigar a la delincuencia organizada y a sectores que se aprovechan de los vacíos para lavar dinero, es decir, la ley sancionará a los delincuentes».
Aunque el senador Mier aclara «que es falso que ya no se podrán hacer pagos en efectivo, porque la legislación no busca dañar a negocios como la carnicería de Don Juan o la venta de dulces, los puestos del mercado o las tiendas, por lo que cuando la gente vaya a comprar a esos lugares continuarán pagando en efectivo».
Por lo pronto, cuando entre en vigor la ley será obligatorio pagar así en gasolinerías y en casetas de peaje, y de forma paulatina la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrá la facultad de determinar de forma gradual los sectores obligatorios. Pero se insiste no es ir contra la gente ni los trabajadores, ni los pequeños empresarios ni comerciantes, sino contra los delincuentes que dicho sea de paso nadie molesta.
La ley fue aprobada por el Senado de la República el pasado martes, 20 de octubre, entre otros puntos impulsa la digitalización de los medios de pago para reducir las barreras de participación en la economía formal; es decir, genera condiciones más equitativas de acceso a los servicios financieros, en particular para poblaciones históricamente excluidas como las mujeres, los habitantes de localidades rurales o las personas con rezago educativo, según un comunicado oficial.
Destaca el legislador Mier que el sistema de pagos electrónicos, es un pilar fundamental para el crecimiento económico equitativo de las sociedades modernas, pues se eliminan las barreras que limitan el intercambio eficiente de recursos entre personas y empresas, promueve la democratización del acceso a los servicios financieros, la reducción de tiempos y costos de transacción, y la formalización de micro y pequeñas empresas.
La economista y directora de Análisis Económico y Financiero de Banco BASE, Gabriela Siller, comenta que forzar a un gran porcentaje de la población y a los pequeños comercios a ingresar al ecosistema digital sin una estrategia nacional robusta de ciberseguridad los deja en una condición de alta vulnerabilidad.
A esto se suma la falta de herramientas tecnológicas dentro de las fiscalías locales para investigar de forma efectiva los delitos financieros digitales. Y coarta la libertad de los ciudadanos para elegir cómo pagar. «Al restringirse el dinero físico de manera paulatina en ciertas áreas económicas, se vulnera un derecho de elección básico de la población», refiere Siller.
Así, con la nueva ley que, ya se dijo, no busca afectar al pueblo de México, serán obligatorias las transferencias SPEI, los códigos QR, tarjetas de débito y crédito, contar con dispositivos de proximidad (NFC), pagar servicios de domiciliación y comisiones bancarias respectivas que cubrirá el pueblo de su bolsillo.
Poco a poco todos los sectores serán incorporados al sistema de pagos electrónicos, al registro del CURP digital y el Expediente Digital Ciudadano para agilizar la contratación de servicios financieros. Con ello también estarán expuestos al robo de datos y fraudes cibernéticos. Recordar que México ocupa los primeros lugares en ciberfraudes a nivel global y en consecuencia de impunidad financiera.
Los fraudes digitales y cibernéticos en México ascienden a más de 20,000 millones de pesos anuales, de acuerdo con análisis de mercado con datos del Banco de México (Banxico) y Condusef; la ciberdelincuencia ha escalado derivado de las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial y los deepfakes (archivos de video, de voz o imagen hiperreales, pero falsos).
De todo el dinero que se pierde en el ecosistema digital a manos de los ciberdelincuentes, apenas el 1.4% es recuperado o devuelto a las víctimas. El 98.6% restante desaparece por completo del sistema.
De manera que con la nueva ley habrá más cautivos del pueblo de México, tanto para Hacienda, como para la Ciberdelincuencia que ya se frota las manos.
Nada contra el pueblo, todo en su contra.
VCR/BH
